por Fernanda Raverta
El problema generado a partir del brutal tarifazo en los servicios públicos por Mauricio Macri parece no tener solución a la vista. A esta altura del partido, ya no hay ninguna duda – y hasta gran parte del oficialismo coincide- que ha habido una sucesión de decisiones mal tomadas, que expresan una temible combinación de ineptitud e insensibilidad.
Yo creo que en gran medida se debe al hecho de haber elegido como Ministro del área al ex presidente de Shell Juan José Aranguren – quien dirigió la empresa entre el 2003 y el 2015-, que toda su vida se dedicó a pensar en el beneficio de su empresa y nada más. Claro está que hoy sigue pensando de la misma manera, y desestima las denuncias que ha recibido por ser accionista de la empresa Shell y estar “de los dos lados del mostrador”. También creo que influye el hecho de haber nombrado a David Tezanos en el Enargas (organismo que debiera ser el organismo regulador), quien venía siendo hasta el momento presidente de Metrogas, la principal empresa distribuidora de gas del país.
Pero no me quiero detener en el Ministro Aranguren, el cual por el bien de todos esperemos que dé un paso al costado, sino en el presidente Macri. El presidente que anunció que había armado el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años –precavido-, y que nos advirtió, al inicio de su gestión, que si se equivocaba se lo hiciéramos saber para corregir o enmendar el error.
El impacto terrible del tarifazo aplicado generó un descalabro en todos los niveles: en el de los consumidores residenciales, en el de las empresas (en particular las pymes), y en las Instituciones de la sociedad civil.
Prontamente, distintas asociaciones de consumidores e instituciones presentaron a la Justicia diversos amparos para frenar la medida, y a principios de este mes los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declararon la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. En circunstancias normales, esta situación hubiera sido el momento justo para frenar la medida, analizarla en detenimiento y corregir el error.
Sin embargo, y este es el punto central y más preocupante, el presidente Macri decidió apelar dicha medida a la instancia superior, a la vez que envió pedidos de per saltum a la Corte Suprema para insistir con los aumentos desmedidos. Una clara muestra de una obstinación e insensibilidad que ya no se puede explicar por un mal asesoramiento de un determinado funcionario.
Como para seguir sorprendiendo con sus acciones, el Presidente Macri se reunió hace pocos días con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hecho que nos puede llevar a pensar que habría sido para presionarlo, no solo a él, sino también a los 2 jueces que ingresó con fórceps recientemente a la Corte. Esta actitud no parece ser una forma institucional correcta para que el máximo tribunal de Justicia avale los tarifazos.
Sumado a esto, además de desconocer el fallo de la sala II que está vigente hasta tanto no se expida la Corte Suprema, la cual pidió información y tiempo para analizar el tema, el pasado 13 de julio el gobierno dictó nuevas resoluciones con aumentos que ya fueron publicadas en el boletín oficial.
Escuchar todas las voces
El mensaje es claro: no hay razones ni leyes que puedan revertir el tarifazo. No hay análisis, ni audiencias públicas que deban ser escuchadas.
Ante este panorama, el pasado martes 12 de julio, los diputados nacionales del bloque FPV-PJ nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia como “amicus curiae” para resolver las controversias surgidas en torno al incremento de las tarifas de luz, gas y agua.
Creemos que la Corte Suprema de Justicia tiene que escuchar todas las voces y no sólo la del presidente. Y Para esto debería convocar a audiencias públicas y escuchar al Congreso, a sus distintos bloques, a las asociaciones de consumidores y a quienes se quieran expresar al respecto. Otro de los aspectos que adelantamos en la presentación que realizamos, es la necesidad de analizar los tres servicios públicos de manera conjunta, ya que los ciudadanos -que son los que tienen que pagar la factura-, son uno sólo, y su salario es uno y no tres.
Está más que claro que el descalabro que genera esta pésima decisión del gobierno no se soluciona poniéndonos “una camperita” como nos aconseja el presidente, sino que requiere de un análisis profundo, responsable, y por sobre todo, sensible a la realidad que vive el pueblo argentino.
(*): Diputada Nacional del Frente para la Victoria.