Los grandes saltos del dólar están terminando de conformar un panorama oscuro para los más pequeños frutihorticultores, cuyas condiciones de trabajo venían deteriorándose desde al año pasado.
Por Oscar Lardizábal
“Nosotros sembramos en dólares y vendemos en pesos”. Plácido Vaca lo dice con tono resignación en la redacción de LA CAPITAL. Quiere decir que los insumos para sembrar en una quinta del Paraje El Boquerón los debe comprar a un dólar cada vez más elevado, para después, y casi siempre, tener que vender su producción de hortalizas por escasos pesos.
“La cuenta no da…más de una vez tenemos que regalar la verdura”, dice Vaca, boliviano, oriundo de Santa Cruz de la Sierra pero desde hace años trabajando la tierra en cercanías de Mar del Plata.
Sobre su gorro verde aparece la sigla FNC: Federación Nacional Campesina. Es la organización de segundo grado que aspira a representar en toda la Argentina a los más pequeños de la cadena agraria, unos 250.000, integrados a unas 32 agrupaciones campesinas.
La FNC lleva en el cordón frutihortícola más importante del país, el de La Plata, más de dos décadas de presencia y aquí, especialmente en parcelas de El Boquerón, unos tres años, nucleando a medio centenar de quinteros.
En su gran mayoría son bolivianos. Le siguen los paraguayos. Los menos son argentinos, y de éstos casi todos procedentes de provincias del norte.
Medieros
En términos agronómicos, también una gran porción la conforman los medieros, es decir quienes con medios reducidos (a lo sumo un tractor, un vehículo y un acoplado), alquilan dos o tres hectáreas para asumir el riesgo de una relación generalmente despareja con el dueño del campo, ya que deben asumir todos los costos, incluyendo un puñado de trabajadores, para después repartir la ganancia, de haberla, con su locador.
Pequeños y en desventaja, lo cierto es que el 60 por ciento de las verduras que se consumen en los hogares de los argentinos tienen origen en este sector.
Así, sus dificultades, las ya dichas y otras que se señalarán en esta nota, como la gran intermediación entre la quinta y la verdulería del barrio, no se agotan en su exclusiva realidad sino que terminan impactando en los bolsillos del consumidor, alimentando la inflación.
“Verdurazos” para hacerse ver
Los “verdurazos”, como el que se realizó en Palermo, durante la Expo Rural, son las formas de hacer visible una problemática que los quinteros dicen vivir como una “tormenta perfecta”, y con el temor de que la gran suba del dólar la termine por desatar, arrojándolos a ellos a periferias de miseria.
En compañía de Matías Maciel, de la Corriente Clasista y Cambativa (CCC), organización que acompaña el reclamo campesino, Vaca va describiendo las adversidades una tras otra.
Menciona que los tarifazos en los servicios de la electricidad, el gas oil y el gas fueron los primeros mazazos
desde mitad del año pasado. “Por la trifásica hace un año pagaba 2.000 pesos por mes; ahora me llegó la factura por 40.000 y no la pague todavía, no porque no quiera…es que no puedo”.
La evolución de los precios de la verdura, fogoneada por la inflación general, hace que el mismo Vaca cuente como un chiste: “el otro día terminaba de vender a razón de 30 pesos la jaula de 12 kilos de lechuga, y a dos cuadras de la quinta nomás, veo que el verdulero vendía un kilo a 60 pesos”.
Actualmente, también graficó, para producir una hectárea de tomate en invernáculos se necesita una inversión de 600.000 pesos y el producido al venderse suele no alcanzar ese valor. Obviamente se decide no producir. La oferta desciente. El producto viene de lejos, aún del exterior. El precio minorista sube, y sube.
El achique estatal
La apertura de la importación de verduras permitida por el actual gobierno agrega más contrariedad, y en el mismo sentido desalentador en las últimas fueron llegando otras noticias nacionales, como los anunciados achiques en las oficinas de Estado más cercanas a los productores más chicos como el INTA, el Senasa y el INTI; reducciones que incluyen despidos de personal.
Aquel “verdurazo” ante la Rural, en Palermo, fue en buena parte una reacción ante el anticipo del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, de que hacia fin de año será dado de baja el Monotributo Social Agropecuario (MSA), de manera que sus beneficiarios pasarán a depender ya no de Agroindustria sino del Monotributo Social administrado por la cartera de Desarrollo Social de Carolina Stanley.
Maciel hace notar que “el MSA le permitía al trabajador de la tierra entrar en la economía formal, emitir facturas por sus ventas, acceder al sistema de salud y realizar aportes jubilatorios”. “Pero así –recalca– dejaría de ser reconocido como un agente económico para ser considerado como una persona necesitada de asistencia”.
En la misma línea oficial cae la novedad de que iría camino del total desmantelamiento la secretaría de Agricultura Familiar, desde la que los frutihorticulores recibían apoyo técnico y actualizaciones tecnológicas.
De continuar la actual tendencia, según Vaca y Maciel, las manifestaciones de protesta al estilo de los verdurazos continuarán, acompañadas por una información pública que hagan diluir preconceptos, como el que ve al quintero como una amenaza ambiental cercana a espacios poblados, cuando desde las mismas organizaciones de los agricultores venían avanzando, justamente con la asistencia técnica de las citadas oficinas estatales, hacia un sistema de agroecología más sano, sin agrotóxicos.