Ese reflejo consolidó una unidad inusual en el sector que le permitió celebrar la supresión del capítulo dedicado a la actividad en la ley ómnibus. El intendente asumió un rol protagónico. Ahora va por un viejo anhelo. Novedades en el transporte.
Por Ramiro Melucci
Había que escuchar a los empresarios de la pesca para tomar dimensión de lo que provocó en el sector el intento de modificar la ley. Había que oír a los de la industria naval. A los gremios, que también supieron describir la catástrofe que hubiera significado la aprobación de los artículos que finalmente se suprimieron. Pero ninguno fue tan revelador como Domingo Contessi. El presidente del astillero homónimo contó, en su última botadura, que en el sector se esperaban los vientos de cambio, pero que nadie imaginaba que las ideas de la libertad iban a venir como vinieron. Hasta dijo que soñaba con invitar al acto a Javier Milei.
Su discurso permitió entender las sensaciones de buena parte de la industria. No fue solo indignación y bronca por la presentación inconsulta de un proyecto que ponía en riesgo a las empresas y las fuentes laborales. También fue decepción. Desilusión.
Las cámaras y los gremios de la pesca no tuvieron un día de tranquilidad desde la asunción de Milei. Primero el aumento de las retenciones a las exportaciones y luego los polémicos artículos en la ley ómnibus los mantuvieron en vilo y al borde de la parálisis. El alivio recién llegó en los últimos días, primero con el anuncio del ministro de Economía sobre la baja del capítulo fiscal, que le puso fin al aumento al 15% de los derechos de exportación; luego en el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, cuando el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, leyó la anulación de los artículos 211 a 220.
Guillermo Montenegro se llevó de su visita al Congreso los laureles que buscó desde un primer momento: concretamente, desde el día en que caminó por primera vez como intendente los pasillos de la Casa Rosada y se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para plantearle modificaciones al proyecto. Y que parecía que se le escapaban dos semanas después, cuando los gremios y las empresas le aclararon que no estaban dispuestos a tolerar ningún cambio, porque directamente pretendían que se diera de baja la reforma completa.
Tras unos días de silencio, el jefe comunal volvió en la antesala de la sesión con la bandera del retiro del capítulo pesquero en la mano. Con ella pergeñó la reunión con los bloques dialoguistas (a la que envió a Alejandro Rabinovich y Fernando Muro) de la que emergió el compromiso del PRO, de los radicales y de la bancada de Miguel Ángel Pichetto de no votarlo. Con ella hizo conocer su presencia en el Congreso en el inicio de la sesión para seguir el debate. Con ella se fotografió, ya con la satisfacción del deber cumplido, junto a los referentes bonaerenses del PRO en la Cámara de Diputados: Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.
En cambio, el peronismo y sus vertientes pusieron el eje en el contundente rechazo de Mar del Plata reflejado en la comisión de Industria del Concejo Deliberante, la marcha convocada por la CGT –con los referentes gremiales de la pesca en primer plano– y las reuniones con diputados y con el gobernador Axel Kicillof, otro crítico acérrimo. En la fiesta de la supresión de artículos, hasta los legisladores de La Libertad Avanza reivindicaron gestiones por la pesca que no salieron en ningún medio. El Gobierno no les permitió mejores lucimientos. El retiro no fue un gesto de comprensión al sector, sino una capitulación por falta de votos.
A fin de cuentas, todo esfuerzo sumó. Pero el desenlace hubiera sido distinto si ante la amenaza no hubiese aflorado el instinto de supervivencia de la pesca. Ese reflejo que la llevó, como nunca, a cerrar filas contra la reforma. Que unió en una sola consigna a empresarios y trabajadores, a las cámaras y los sindicatos, al puerto de Mar del Plata y a los de las otras provincias con litoral marítimo. Sin esa unanimidad de voces, transmitida a cada intendente, a cada gobernador, a cada legislador, a cada funcionario, el novel e impulsivo Gobierno posiblemente hubiera captado las voluntades para cristalizar los cambios que la herían de muerte.
El retiro no fue un gesto de comprensión al sector, sino una capitulación por falta de votos. La eliminación del párrafo que dejaba a Mar del Plata sin Zona Fría tuvo condimentos similares.
La tranquilidad, por cierto, no es total. Lo hubiera sido si los artículos llegaban a ponerse en votación y eran rechazados, por lo que la Casa Rosada no hubiese podido proponerlos nuevamente en el plazo de un año. Pero se quitaron del dictamen, con lo que el día menos pensado la administración nacional podría volver con su pretensión original. El matiz obliga al sector a mantenerse en guardia.
En Mar del Plata hay quienes piensan que la mesa de la pesca no debe desarticularse. Uno de ellos es el secretario de Desarrollo Local e Inversiones. Uno de los objetivos del municipio será ir en busca de un asunto deslizado en campaña, pero que por imperio de la dinámica electoral quedó en un segundo plano. Era una propuesta que Montenegro esponsoreaba junto a Santilli, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio que no llegó a la final de octubre: la incorporación de una silla para Mar del Plata en el Consejo Federal Pesquero, el organismo que rige la política pesquera, conformado por cinco representantes del Ejecutivo nacional y uno por cada una de las cinco provincias con litoral marítimo, entre ellas Buenos Aires.
La eliminación del párrafo que dejaba a Mar del Plata sin Zona Fría tuvo condimentos similares al devenir del capítulo pesquero. Tampoco ocurrió por entendimiento de quienes lo habían escrito, sino porque gobernadores, legisladores e intendentes (entre ellos Montenegro) presionaron para que el oficialismo no juntara los votos. Los que siguen de cerca el tema, como el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, recomiendan ahora poner la lupa en el artículo 177° del DNU, que le otorga a la Secretaría de Energía la facultad de “redeterminar la estructura de subsidios vigente”.
Con todas las miradas apuntando al Congreso, Mar del Plata estuvo a punto de ser noticia nacional. En este caso, no por los jóvenes que sostienen su temporada, sino por el paro que anunciaron los guardavidas, y que no se llevó a cabo porque el municipio le pidió sin demora la conciliación obligatoria a la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que la decidió en el acto.
La negociación con el sindicato se alargó más de la cuenta. El rápido acuerdo con los municipales no sirvió de espejo. El punto medular es el cierre de la paritaria 2023: el gremio exige el porcentaje de inflación de diciembre para empezar a hablar del nuevo año. El intendente ya otorgó por decreto un 10% con los salarios de enero, un 10% con los de febrero y otro 10% con los de marzo. La falta de acuerdo mantiene la alerta de lo que puede suceder tras la finalización de la conciliación, en el tramo final del mes.
Intendentes de ciudades del interior se reunieron con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.
Con ese conflicto irresuelto, el municipio va transitando la previa de más medidas impopulares. Las estaciones de servicio comenzarán a cobrar la tasa vial y la comisión de Movilidad del Concejo Deliberante trata el aumento del boleto. La estrategia es mostrar qué se hace. El presidente del Emvial, Mariano Bowden, detallará las obras viales que se ejecutarán con los fondos que se recauden de la tasa. Montenegro, junto a otros intendentes del interior, acudió a la audiencia con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, en reclamo de la distribución equitativa de subsidios.
Públicamente, los intendentes dijeron que no existen certezas sobre el envío de recursos. Algunos, como el de Córdoba, Daniel Passerini, y el de Formosa, Jorge Jofré, mencionaron la creación de la Red Federal de Intendentes y adelantaron que el Gobierno declarará la emergencia del transporte. ¿Con qué objetivo? Con el de llevar adelante el plan que Mogetta les transmitió a los jefes comunales: arrojar al cesto de residuos el esquema actual y pasar a otro de subsidios a la demanda en todo el país.