Por Juan Sebastián Díaz Bosch
Hoy día, en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” impuesto por el decreto 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia de COVID-19 declarada por la OMS, solemos escuchar encendidos y emotivos discursos acerca de la supremacía del derecho a la salud por sobre cualquier otra cuestión o derecho de los habitantes de la Nación.
El propio titular del Ministerio de Salud de la Nación ha dicho hace pocas horas que las medidas implementadas desde el inicio han sido claras “en el privilegio de la salud sobre la economía”, cayendo en lo que considero una falsa dicotomía que puede acarrear consecuencias tanto o más nefastas que las que se están intentando evitar.
Corresponde preguntarse, entonces, si la economía y la salud son dos compartimentos estancos sin ninguna relación entre sí. La medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta, a la luz de los
antecedentes de países europeos, seguramente resultará exitosa para mitigar la propagación del COVID-19 y resguardar el sistema sanitario de un seguro colapso. Pero el interrogante que ha surgido en los últimos días, y ante la probable extensión del confinamiento, es cuáles serán las consecuencias de una medida que, salvo algunas excepciones, ha paralizado la actividad económica del país.
Las previsiones económicas de los expertos en la materia indican que la caída del PBI de nuestro país este año a raíz de las medidas dispuestas para disminuir la propagación del COVID-19 será mucho mayor a la ya esperada. Y aquélla caída del PBI no es un mero número estadístico, sino que implica un menor ingreso por habitante que se traducirá en mayor tasa de desempleo, aumento de la pobreza y las situaciones de marginalidad que ello acarrea.-
Si como dijo el Presidente de la Nación en su discurso al anunciar la medida de aislamiento “hemos tenido suerte de que a este continente la pandemia haya llegado más tarde y nos haya dado tiempo para prepararnos. Dios nos dio la oportunidad de darnos tiempo para prevenir el avance del virus”, también tenemos (poco) tiempo para prevenir el colapso de la economía y evitar los problemas de salud que seguramente va a causar y, a la par de las medidas para evitar el avance del COVID-19, también tomar medidas para prevenir el avance de una crisis
económica, o al menos mitigarla.-
A guisa de ejemplo corresponde señalar que datos bancarios publicados en las últimas horas muestran que desde que se abrió el “clearing” el 26 de marzo se triplicó el rechazo de cheques debido a que sus libradores no tenían fondos para atender su pago. Afinando la pregunta anterior, ¿la economía –o su colapso- no son también un problema de salud?
Corresponde retrotraerse a la crisis económica mundial del año 2008 (En 2009 hubo un aumento del 37% del desempleo y el PBI per capita cayó un 3%) y los estudios que a partir de allí se realizaron.
Un artículo publicado en el British Medical Journal en el año 2013 (“Impact of 2008 global economic crisis on suicide; time trend study in 54 countries”, Shu-Sen Chang, David Stuckler, Paul Yip y David Gunnell), cuyos autores son investigadores de las universidades de Hong Kong, Oxford y Bristol y que se sirvió de datos procedentes de 54 países, concluyó que la crisis del año 2008 disparó la tasa de suicidios en el año 2009.
El estudio verificó que hubo 4884 suicidios más en el año 2009 si se los compara con el número esperado basado en tendencias previas (2000 al 2007). También constató que los incrementos de suicidios se dieron principalmente en hombres en el rango etario de 15 a 24 años (Europa) y de 45 a 64 años (América) que vivían en los países que registraron mayor caída en el empleo.
A su turno, en el año 2018 el Dr. Facundo Manes publicó un artículo donde explicó el impacto de las crisis económicas en la salud mental (“El impacto de la crisis en la salud mental”, Infobae, 22 de septiembre de 2018) indicando que: “Los seres humanos, como ninguna otra especie, contamos con la capacidad de revisar el pasado y escrutar el futuro. Nuestros cerebros pueden imaginar escenarios posibles y cosas que podrían haber sucedido en el pasado, aunque no sucedieron. Puede simular mentalmente situaciones en detalle, sin necesidad de llevarlas a cabo.
Puede evaluar probabilidades y riesgos. En algunas ocasiones, esta capacidad se nos puede volver en contra.” Y ejemplifica diciendo que: “La ansiedad acerca de la inseguridad laboral, por ejemplo, actúa como estresor crónico con efectos acumulativos en el tiempo, que puede tener consecuencias nocivas en la salud mental de quienes la padecen”
Cita estudios internacionales como, por ejemplo, el realizado por el Instituto Universitario de Investigación de Salud Mental (UMHRI) en Grecia que registró que, en 2008, cuando la crisis no había comenzado aún, la prevalencia de la depresión era del 3,3%, pero esta cifra creció a 6,8% en 2009, 8,2% en 2011 y 12,3% en 2013.-
Sin llegar a los extremos de salud mental antes citados, la caída del PBI y un menor ingreso per cápita conducen de por sí a una peor alimentación, a una menor calidad del descanso, a un menor acceso a la salud, medicación, etc.
Entonces, a la luz de lo expuesto cabe concluir que el colapso de la economía es, también, un problema de salud. En consecuencia, más allá de las plausibles medidas tomadas pensando exclusivamente en el COVID-19 y en evitar el colapso del sistema de salud, al analizar su extensión irrestricta debiera aparecer en la lista de factores que condicionan esta decisión, las consecuencias económicas que el remedio elegido puede causar.
Eliminar la falsa dicotomía entre economía y salud podría ser el principio de la solución deseada, para así poder analizar variantes de la medida, o acciones para mitigar sus secuelas en la economía (que en forma mediata repercutirán en la salud de la población).
Y si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas de ayuda económica para algunos sectores de la población (para las categorías más bajas del monotributo, adicionales para el personal de salud y fuerzas de seguridad, etc) las mismas no comprenden aún a las ya golpeadas PyMES y a los sectores medios de la sociedad –p. ej. profesionales independientes, emprendedores, oficios, “cuentapropistas”-. Se ha anunciado una línea de créditos a tasas “bajas” –que no son tales ya que el costo financiero total será más alto debido a que los bancos cargan
impuestos, gastos y comisiones-, que aún no se materializan, o diferimientos en pago de los denominados “impuestos al trabajo” o prórrogas de moratorias que lo único que hacen, en el mejor de los casos, es postergar el colapso de sectores que ya están siendo golpeados por la crisis. Medidas éstas que resultan a todas luces insuficientes. Y ello sin entrar en el análisis de las consecuencias nocivas que para cualquier empresa puede implicar endeudarse para pagar gastos corrientes.
En este punto he de resaltar que cuando se habla de ayuda a las PyMEs debe entenderse como ayuda a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, ya que debido a la rigidez de la normativa laboral de nuestro país, toda ayuda que permita la subsistencia de las PyMEs permitirá la subsistencia de los puestos de trabajo que generan.
El panorama crítico en todas las actividades que han debido interrumpir su actividad debe ser atendido por el Estado con urgencia ahora que han sido tomadas las indicadas medidas sanitarias para frenar el avance del COVID-19 ya que, sin dudas, un eventual colapso económico acarreará consecuencias nocivas en la salud de los habitantes que no deben ser menospreciadas.
Caer en la falsa dicotomía entre salud y economía y así dilatar las urgentes y necesarias
medidas económicas que tiendan a paliar las consecuencias del aislamiento, podría generar, en lo
mediato, un problema de salud de similar gravedad al que se está intentando prevenir.-