El oficialismo dispone de antecedentes e información legal que hasta hace unas semanas no tenía. Avalan el voto doble en la asamblea de mayores contribuyentes. Por eso aceleró el tratamiento. Encontronazo con el Frente de Todos por el giro eliminado del expediente de las fotomultas. ¿Error de incumbencias o maniobra política?
Por Ramiro Melucci
Hasta hace 20 días, el gobierno municipal estaba convencido de que las ordenanzas fiscal e impositiva, que contienen un aumento de tasas del 45%, solo podían aprobarse después de la renovación del listado de mayores contribuyentes, en mayo. Aunque mejoró su relación de fuerzas con la oposición a partir del recambio legislativo que impusieron las últimas elecciones, el oficialismo también sabía que el tratamiento de esas normas en el Concejo Deliberante semejaba un túnel con difícil salida: o esperaba a ese mes o podía arriesgarse a un rechazo.
Sobre la hipótesis de esa larga espera o esa posible derrota se elucubraron sobre fines del año pasado y principios de 2022 las estrategias legislativas del oficialismo. “Estiremos el tratamiento lo que más se pueda para llegar a mayo”, proponía un grupo de ediles. “Hagamos las cosas en tiempos prudentes y, si la oposición rechaza el aumento, que dé explicaciones sobre las partidas que habrá que recortar”, planteaban otros.
Eran días en que estaba bien presente el rechazo de Juntos por el Cambio al presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, y en que dentro del Frente de Todos local no faltaban instigadores del ojo por ojo. La oposición también tenía claro que, en el corto plazo, el oficialismo no juntaba los votos en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes (institución vetusta si las hay) para imponer la suba de tasas.
Para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva, el Concejo debe sancionar primero un anteproyecto (llamado ordenanza preparatoria) y luego, en otra convocatoria, los concejales y los mayores contribuyentes tienen que ratificarlo. El interbloque oficialista –Vamos Juntos-UCR-Coalición Cívica– carece de mayoría propia para aprobar el proyecto en ambas instancias, por lo que necesita acordar con una parte de la oposición.
En lo que va de su gobierno, Guillermo Montenegro siempre salió de esta clase de laberintos de la mano de Acción Marplatense. Si tuviera los votos de los dos concejales de ese bloque, el Concejo estaría en condiciones de aprobar la suba de tasas por 13 a 11. Aun así, en los análisis previos el problema seguía siendo la asamblea posterior, debido a que los mayores contribuyentes (uno por concejal) todavía responden a la vieja composición del cuerpo deliberativo y recién se adecuarán a la actual en mayo.
“No nos dan los votos”, admitían los concejales oficialistas en las reuniones con el intendente. Al requerirse mayoría absoluta, debían juntar 25 votos sobre los 48 totales de la asamblea. Arrastraban un lastre adicional, que podría adjudicarse a un error de principiante: el mayor contribuyente de Guillermo Volponi responde a Nicolás Lauría, que ya no es oficialista. “Con Acción Marplatense, lo máximo que podemos juntar son 24 votos”, reconocían en el interbloque de Juntos por el Cambio.
Pero hace algunas semanas se produjo un hecho que cambió los pronósticos: concejales del oficialismo descubrieron que en otros municipios las asambleas de concejales y mayores contribuyentes habían sancionado las ordenanzas fiscal e impositiva con un desempate del presidente del Concejo. Es decir, a través del uso del voto doble, convalidado por la Asesoría General de Gobierno y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
“Es verdad, cambió el panorama. Encontraron un hueco legal para aprobar el aumento”, aceptó la oposición. El gobierno de Montenegro camina ahora en un terreno menos empinado. La posibilidad de recurrir al voto doble de Marina Sánchez Herrero –que la semana pasada recibió al intendente– le permite encarar las negociaciones con el convencimiento de que las ordenanzas fiscal e impositiva no serán rechazadas y podrían estar aprobadas antes de lo que había previsto a fines del año pasado.
La presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, y el intendente Guillermo Montenegro se reunieron la semana pasada.
El dato suministró confianza y renovó el entusiasmo en el bloque oficialista. Lo testimonia el cronograma de visitas de funcionarios a la Comisión de Hacienda para exponer sobre el presupuesto. Establece que asistirá un secretario por día, durante tres semanas. También el anuncio de que el 21 de febrero se realizará la audiencia pública sobre el presupuesto. Luego se necesitarán dos reuniones más de la Comisión de Hacienda para obtener dictamen y la sesión para votar las normas en primera instancia. La asamblea clave se realizaría a fines de marzo, bastante antes del plazo original que habían imaginado en el gobierno.
La novedad no anula la necesidad de acuerdos. Montenegro precisa los votos de Acción Marplatense (a priori desestima los del Frente de Todos y los de Crear Juntos por las manifestaciones públicas que han realizado) y también debe encarrilar a los mayores contribuyentes de todos los ediles oficialistas que habitaban el Concejo hasta el 10 de diciembre. Las miradas más profundas apuntan a la porción del radicalismo que no responde a Maximiliano Abad.
Mientras afloran las mesas de negociación, el tensiómetro de la relación de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos muestra una presión en constante aumento. Acicateada por la eliminación del giro a la Comisión de Educación del expediente de las fotomultas. Un hecho de “gravedad institucional”, lo definió públicamente el kirchnerismo después de intentar, a través de una gestión de Marina Santoro con la presidenta del Concejo, que las cosas volvieran a su lugar.
La novedad no anula la necesidad de acuerdos. Montenegro precisa los votos de Acción Marplatense y también debe encarrilar a los mayores contribuyentes de todos los ediles oficialistas que habitaban el Concejo hasta el 10 de diciembre.
Los giros de un proyecto a las comisiones los otorga la Secretaría del Concejo y los puede modificar el cuerpo en una sesión. Lo que ocurrió aquí es que el expediente fue presentado a principios de enero y aún no hubo sesión. En ese contexto, el secretario, el radical Norberto Pérez, cambió la comisión que tratará inicialmente el convenio con la Universidad Nacional de San Martín: reemplazó la de Educación por la de Seguridad.
“Tiene facultades para hacerlo”, esgrimieron en el oficialismo con el reglamento del Concejo en la mano. Y explicaron que el giro original incurría en un error de incumbencias: no debía tratarlo la Comisión de Educación porque los convenios se consideran en la de Legislación y los temas de educación vial en la de Movilidad Urbana.
El argumento tiene sus grises. No termina de justificar el tratamiento en Seguridad (seguridad vial también es un asunto de Movilidad Urbana) y casualmente la comisión suprimida tiene mayoría opositora, lo que podía significar un obstáculo para el oficialismo.
Es cierto que otras comisiones por las que debe pasar el proyecto (Legislación y Hacienda) también tienen mayoría de la oposición, pero hay una diferencia crucial: en estas dos la mayoría se logra con Acción Marplatense; en la de Educación la conforman el Frente de Todos y Crear Juntos, bancadas que ejercen una oposición más férrea. En las de Seguridad y Movilidad Urbana el interbloque de Juntos por el Cambio la tiene aún más sencilla: no necesita a nadie para avanzar. Tales pormenores enfurecieron al bloque kirchnerista. Y alimentan la duda de si el error de incumbencias no fue, en verdad, el disfraz de una maniobra política.