La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias a los imputados por adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales ya que el análisis de nuevos videos podría ampliar las responsabilidades.
La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias de los siete imputados por la compra fraudulenta de cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales ya que los análisis de nuevos videos y la recolección de pruebas podría ampliar las responsabilidades y la cantidad de personas que participaron de las supuestas maniobras ilícitas.
En un primer momento, la investigación que lleva el fiscal Javier Pizzo se había centrado en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial. Sin embargo, con el correr de los días, se detectaron nuevas situaciones similares que podrían estar enmarcadas en los mismos delitos y con participantes que se repiten.
Hasta el momento, el fiscal Pizzo imputó por “estafas procesales” al mandatario del consorcio que administra el edificio Semar XI y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a tres compradores.
La causa fue sumando pruebas y, tras el análisis de videos por el desarrollo de otros remates judiciales en los que se habría desarrollado la actividad de manera irregular, el fiscal Pizzo evalúa imputar a otras personas e incluso ampliar la calificación del hecho.
La necesidad de una investigación integral
Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta supuesta “liga de compradores” que opera en remates judiciales y que fue denunciada en más de una oportunidad por personas que quisieron participar de esos remates y se sintieron coaccionadas para ejercer su derecho de comprador con libertad.
Esas causas fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.
Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le manifestó al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.
Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.
Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó a al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.
Estafas en el edificio Semar XI
Las estafas investigadas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.
Para el fiscal Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez civil y comercial, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.
El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en un fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente a ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.
“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales en Mar del Plata.