Por Daniel Sosa (*)
Mas allá de toda la polémica generada por la liberación del delincuente Ochoa por parte de la Justicia de Mar del Plata y posterior crimen de la psicóloga, lo cierto es que este delincuente debía estar cumpliendo su condena en una unidad penal.
Con la pandemia Covid-19, varios jueces de la Provincia de Buenos Aires otorgaron prisiones domiciliarias basándose en cuestiones de salud. Esta situación generó un repudio generalizado en varios sectores de la sociedad y la propia Justicia frenó en el otorgamiento de esos beneficios.
No es justicia si las interpretaciones de la ley van en contra de la sociedad.
Ochoa fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión acusado de robo agravado y lesiones graves. Debía permanecer en la cárcel de Batán hasta el año 2024.
Varios actores del poder judicial salen a respaldar la decisión tomada de la cámara de apelaciones, que en contra de la resolución del Juez de Garantías, le otorgan la prisión domiciliaria argumentando trabajo y estudio dentro del penal, que le llevaron a tener buena calificación del servicio penitenciario.
Casi como una verdad absoluta, tiran la pelota afuera diciendo que no sabían cómo iba actuar este delincuente al estar libre. Es raro, porque una persona con decenas de antecedentes violentos, que cumple condena por un hecho grave, la gran mayoría de la sociedad puede, sin dudarlo, predecir que este delincuente va a volver a delinquir, la pregunta es, como no se les cruzó por la cabeza a jueces que conviven a diario con este tipo de personas.
Cuando pasan estas cosas, algunos representantes de la Justicia se quejan del poder político, mismo poder político al que van a buscar para que den acuerdo cuando quieren ser designados y de la Policía, que es aquella que actúa como auxiliar de la justicia, siguiendo los lineamientos que le marca el Poder Judicial.
A los magistrados no les gusta lo que se les critique y por intermedio del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, diciendo que se fomentan linchamientos a los jueces, pero tienen que humanizarse y dejar de fallar con ensayos teóricos y aplicar la ley como debe ser.
La realidad es que este delincuente, tal como dijo el propio Juez de Garantías, debería continuar preso, cumpliendo su condena en una cárcel. Criticar sus fallos, no es lesionar la honra de los magistrados.
(*) Ex concejal.