Por Alejandro D´Onofrio (*)
La industria del litio ha quedado en cierto modo inmune al inestable escenario político y
económico argentino. El litio es una de las pocas áreas -al menos hasta ahora- que no ha sido
afectada por divisiones partidarias y que carece de los estrictos controles regulatorios que
enfrentan la mayoría de las industrias en el país.
Los gobernadores de las provincias ricas en litio de Catamarca, Jujuy y Salta, cada uno de un
partido político diferente, formaron un comité regional denominado Mesa del litio para coordinar
las regulaciones provinciales y ante el gobierno federal.
En la Argentina, las empresas privadas controlan la producción de litio y el gobierno recauda
impuestos y regalías y ejerce poderes ambientales y administrativos. Ese marco legal básico
para la minería no ha cambiado en los últimos 30 años, las provincias son las propietarias de
sus recursos minerales y pueden otorgar la propiedad de los derechos mineros a particulares,
extranjeros o nacionales, sin restricción alguna.
Asimismo, existe una prohibición en el Código Minero Argentino para que el Estado realice
actividades de explotación minera. Este marco legislativo ha actuado como protección contra
los intentos de expropiación, los controles e intervenciones gubernamentales y un esquema
fiscal excesivamente oneroso.
Como se repite hasta el cansancio, la Argentina se encuentra en el llamado “triángulo del litio”,
junto con Bolivia y Chile, el cual contiene aproximadamente el 70% de las reservas mundiales
de litio, principalmente debajo de sus salares. Las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy,
donde se ubican los yacimientos y las empresas productoras de litio, han sostenido con firmeza
la actividad, con un esquema regulatorio favorable al mercado y un atractivo paquete de
incentivos económicos.
En este contexto, la producción de litio de Argentina ha aumentado dramáticamente, de menos
del 1% de la producción mundial en 1994 al 10% actual. En la actualidad, el país cuenta con
dos proyectos en plena operación (Sales de Jujuy y Fénix), un proyecto que ha empezado a
producir recientemente (Caucharí Olaroz) y 34 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. En
los primeros cuatro meses del 2023 las ventas de carbonato de litio al exterior alcanzaron los
US$294 millones, creciendo un 98% interanual y representando el 23% de las exportaciones
mineras totales.
En términos de reservas, Argentina posee aproximadamente el 9% del total mundial (2,2
millones de toneladas), siendo la tercera más grande del mundo. Chile es el principal poseedor
con 9,2 millones de toneladas, Australia tiene 5,7 millones de toneladas y China 1,5 millones.
Los expertos del mercado estiman que, para 2025, el norte de Argentina podría generar hasta
300.000 toneladas anuales de carbonato de litio, convirtiéndose en el segundo mayor productor
mundial.
Las inversiones canadienses, chinas, estadounidenses y australianas en este sector han
aumentado constantemente, ascendiendo a aproximadamente US$5.000 millones en los
últimos dos años, y se prevén importantes inversiones en el corto plazo, tanto en nuevos
proyectos como en la ampliación de los existentes.
Las previsiones de exportación de carbonato de litio también son muy optimistas, con una
estimación de 800.000 toneladas anuales en cinco años. También se está evaluando
seriamente la construcción de instalaciones para producir localmente baterías de litio.
El régimen legal argentino ha demostrado ser estable y favorable al mercado, a pesar de las
fluctuaciones políticas y económicas que ha atravesado la Argentina en las últimas décadas.
Los proyectos que proponen la declaración del litio como “mineral estratégico” e, incluso,
algunos que promueven directamente la estatización de la producción y comercialización del
litio son absolutamente minoritarios y no cuentan con el apoyo político necesario para llevarse a
la práctica.
Sería deseable que no caigamos en la tentación de intervenir en una industria que se ha
desarrollado en condiciones de mercado, marcando un diferencial favorable frente a nuestros
vecinos.
Esto desalentaría inversiones y afectaría la estabilidad jurídica minera, que ha sido a mi
entender un factor fundamental que explica el gran desarrollo de la industria en los últimos 30
años, junto con las inmejorables reservas mineras con que cuenta el país.
(*) abogado a cargo del área minería de BOMCHIL, firma de abogados full-service
que este año celebra su 100° aniversario.