La Justicia local considera que hay prueba relevante y suficiente para asegurar que en Mar del Plata funcionaba una asociación ilícita para la policía con fines recaudatorios y también para desviar algunas investigaciones. Los detalles.
La hipótesis acusatoria que sostiene el Ministerio Público en la causa en la que está detenido el exjefe departamental José Luis Segovia se basa en testimonios de algunos de los mismos involucrados, pero también en declaraciones de otros policías que fueron parte de las últimas gestiones, tanto en la parte de Seguridad como en la de Investigaciones.
Para el fiscal Marcos Pagella y su colaboradora principal María Laura Salemme la prueba reunida por el personal del CATI (Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica) durante más de tres años permitió definir este accionar como el de una asociación ilícita en la cual, consideran, Segovia no podía desconocer lo que estaba sucediendo.
Esa organización, de la que supuestamente formarían parte los policías Gastón Moraña (Departamental) y Nicolás Rivademar (Policía Federal), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista y dueño del café Sutton, Jorge “Ruso” Toletti, y el abogado Lautaro Resúa, tenía montado un sistema recaudatorio para permitir la existencia de “arbolitos” en la zona de Luro e Independencia.
Pero además también se atribuye a los involucrados obtener información clasificada de investigaciones y alterar el cauce de la mismas a cambio de dinero o a modo de extorsión. En la documentación existente bajo secreto sumarial se destaca el caso de Mauricio Di Norcia. En el comienzo de la investigación por el robo a un departamento del edificio Cabo Corrientes, Di Norcia -cuyo defensor es Resúa- fue señalado como autor del hecho, pero ese dato, según el Ministerio Público, fue “insertado” falsamente para que el fiscal Mariano Moyano lo detuviera. Al mismo tiempo Moyano avanzaba en dirección a Carlos Alejandro Juárez, quien contaba con cierto parecido físico a Di Norcia. Después de dos meses, Juárez fue secuestrado y extorsionado por cuatro personas con la idea de que, si no pagaba una fuerte suma en dólares, corrían de la “investigación” a Di Norcia y lo delataban. Como Juárez nunca pagó, dos de los secuestradores, Toletti y Holktamp, se presentaron ante el fiscal Moyano y dieron su nombre. La causa se aceleró entonces y se estableció que, verdaderamente, Juárez era uno de los ladrones junto a su novia Julieta Palermo.
Vale aclarar que Di Norcia luego fue detenido por robos en otros departamentos y acusado también de lavado de dinero.
Bolsa de dinero hallada en uno de los domicilios.
Todas estas acciones configuran para el Ministerio Público el cuerpo central de la acusación, ya que se cruzan delitos como asociación ilícita, incumplimiento en los deberes de funcionario público, estafa procesal, intermediación financiera, encubrimiento agravado.
Dentro de esa estructura, Moraña y González serían recaudadores, mientras que Rivademar (quien estaba de servicio pasivo en los últimos tiempos) lo hacía, pero en el ámbito de al Policía Federal.
El rol del abogado Resúa según los acusadores es el de intermediario entre el mundo del delito, de la venta de dólares y el de la policía.
En los siete allanamientos del último miércoles, la Prefectura Naval y la propia Fiscalía General encontró dinero en efectivo en una bolsa de consorcio por una suma importante en pesos, 1o mil dólares, armas, documentación y también algunos escritos sobre investigaciones en “suspenso”. El dinero en la bolsa de consorcio, por casi 1 millón de pesos, fue hallado en la casa familiar que alquila Segovia, quien luego explicó que estaba destinado al pago del alquiler de esa propiedad. Los dólares se hallaron en el estudio de Resúa.
En la jornada de este jueves Segovia, con asistencia de su abogado Martín Bernat, decidió declarar y dar sus explicaciones, mientras que se negaron a hacerlo Rivademar y González (los defiende Cristian Moix) y Moraña (su defensor es Osvaldo Verdi). En tanto, aún sigue prófugo el abogado Resúa.