Para los fiscales se trataba de un accionar organizado, planeado y continuado en el tiempo. Los definen como "jóvenes violentos" que perpetraban "cobardes ataques".
Los hechos que fueron acreditados a lo largo de la investigación no han sido aislados, ni episódicos. Por el contrario, explicaron los fiscales Laura Mazzaferri y Niolás Czizik, existen suficientes elementos de prueba para sostener que “se ha tratado del accionar organizado, planeado y continuado en el tiempo de un grupo de jóvenes violentos, cuyo propósito ha sido, mediante ataques cobardes a determinadas víctimas, con fines además discriminatorios, y la ocupación de determinados espacios públicos, imponer sus propias ideas por medio del temor o la fuerza, y evitar que otros desarrollen normalmente sus planes de vida y se expresen libremente”.
“La pluralidad de hechos en un período de tiempo relativamente corto, la intervención en varios de ellos de las mismas personas, la modalidad empleada, y la elección de las víctimas, son elementos bastantes para tener por probado que los hechos aquí juzgados han sido cometidos de forma organizada”, añadieron.
Los fiscales indicaron que el “accionar organizado” del grupo tuvo como propósito “imponer sus propias ideas por medio del temor o la fuerza, y evitar que otros desarrollen normalmente sus planes de vida y se expresen libremente”.
A su vez, repararon en que a los hechos violentos les seguían por lo general una catarata de expresiones en las redes sociales vanagloriándose de sus “combates” y exclamaciones públicas sobre las banderas e ideas que representaban los aquí imputados, ligadas principalmente al nazismo.
Por otro lado, consta en el expediente que las víctimas no eran escogidas al azar. “La violencia no tenía como fin únicamente infligir un daño a una persona particular, sino que el hecho trascienda hacia otros que pudieran pertenecer al mismo espacio, o colectivo de personas”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio.
El documento que revela el accionar fascista en Mar del Plata fue presentado por la ONG La Alameda junto a otras entidades de derechos humanos y diversidad social.