Rizzi, Rodríguez y Cuesta recomendaron la incorporación de cláusulas que mejoren la accesibilidad al servicio, sumando unidades de las denominadas de "piso bajo".
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon expresó su desacuerdo con la posibilidad de que pueda prorrogarse por tres años la vigencia del contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, al recomendar al Departamento Ejecutivo que se proceda en tiempo y forma al llamado a licitación para una nueva concesión.
Asimismo, la resolución suscripta por los Defensores del Pueblo, Fernando Rizzi, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta, recomienda que en la futura concesión del servicio se establezca la incorporación de cláusulas que mejoren la accesibilidad al servicio, fundamentalmente la incorporación de unidades de las denominadas de “piso bajo”.
“Como se recuerda en diciembre de 2005 se realizaron las licitaciones para concesionar el servicio. Nos encontramos ante la proximidad de la culminación del plazo contractual de la concesión de dicho servicio público; no obstante lo cual la Ordenanza prevé un plazo de 3 años de prórroga, opción que a juicio de la Defensoría del Pueblo debe ser interpretada con carácter restrictivo y siempre que concurran justificados motivos para acceder a ella”, destaca en un comunicado de prensa.
“La prórroga -continúa- es una facultad unilateral exclusiva del Municipio, que puede o no otorgarse, no existiendo derecho alguno al concesionario para solicitarla. No existen razones válidas para otorgar una prórroga, sin perjuicio de lo que puedan solicitar al respecto los grupos empresariales”.
Y destaca que “para procederse a la prórroga, deben existir cuestiones fundamentadas de interés público, basadas en motivos de oportunidad, mérito o conveniencia que no se dan en la situación tratada”.
“Asimismo -agregan desde de la Defensoría del Pueblo- existe en la ciudadanía en general un grado alto de insatisfacción por la modalidad de prestación del servicio de transporte colectivo. Es tiempo propicio para tomar la experiencia de estos 12 años de vigencia del contrato, para reformular lo necesario en cuanto a mejorar el sistema de transporte”.
Rizzi, Rodríguez y Cuesta señalaron la existencia de una causa judicial en trámite ante la justicia vinculada al falseamiento de datos para el cálculo del boleto de transporte, “lo cual echa un velo de duda, desconfianza en la parte concesionaria y vicio en la prestación, que abonan la inconveniencia de prorrogar el contrato”.
“La regla debe ser la finalización del contrato en el plazo estipulado, siendo la prórroga del mismo excepcional, no automática y que debe fundarse en estrictas razones de interés público, que claramente no existen en el caso de autos. El contrato ha sido firmado por 12 años y los 12 años se cumplen a fin del presente 2018”, destacaron.
Y agregaron que “existen notorios motivos para que se prepare un nuevo llamado a licitación, con los replanteos pertinentes, a fin de iniciar al fin de la actual concesión, un nuevo período ‘aggiornado’ surgido de la igualdad y la libre competencia entre los oferentes”
El comunicado cierra remarcando que “es hora asimismo, de avanzar en los futuros pliegos, en materia de mejorar la accesibilidad al servicio, coincidiendo en ello con el Consejo Municipal de la Discapacidad (COMUDIS) y la COMIMBAU, Comisión de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas, en la necesaria incorporación de unidades con piso bajo”.