El abogado Sergio Fernández fue el último en alegar tras un juicio que duró casi dos meses y consideró que no está probada la participación de su cliente, María Larsen, en los hechos investigados.
Tal como lo había hecho la semana pasada el defensor oficial de Daniel Viglione, el abogado de María Larsen, sindicada como su presunta socia, solicitó ayer la absolución de su cliente.
El letrado Sergio Fernández adhirió a los planteamientos de Ricardo Mendoza, quien representa al periodista y consultor financiero, y agregó además que la mujer a la que se acusó como supuesta partícipe en las estafas del imputado es inocente. En la última audiencia de un juicio que se extendió por casi dos meses, el abogado aseguró que los hechos que se le adjudican a Larsen no fueron probados durante el debate oral.
Luego de su intervención, finalizó la etapa de alegatos y la jueza Ana María Fernández anunció que hoy dará a conocer la fecha en la que se leerá la sentencia. Al ser un caso complejo, se espera que la titular del Juzgado Correccional N° 2 analice la prueba, los testimonios y las posturas de las partes durante un lapso que sería superior a una quincena.
Mendoza había alegado hacia el final de la semana pasada, luego de que una de las querellas solicitara a la magistrada la pena de 50 años de prisión para Viglione. En su presentación, el defensor oficial pidió la absolución por considerar que la acusación es la típica la figura de “Estafa” o, en forma subsidiaria, “Estafas reiteradas en concurso ideal” y que esa acusación no le cabría porque de sus actos no han existido víctimas, sino “inversores”, quienes siempre según su criterio incumplieron con el deber de autoprotección.
En tanto, mencionó que, de ser condenado, Viglione debería recibir una pena inferior a los 6 años de prisión debido a la figura delictiva que se le imputa, por lo que criticó fuertemente al fiscal David Bruna, quien había solicitado la pena de 9 años y 4 meses de cárcel.
Un juicio extenso
Más de 100 víctimas, 87 hechos individualizados por unos 4.000.000 de dólares y unos 200 testigos son algunas de las cifras para entender por qué el juicio al periodista y analista en mercados Daniel Viglione y su presunta socia, María Larsen, se extendió durante más de un mes y llevó más audiencias de las previstas en un primer momento.
Para el fiscal, Daniel Viglione es culpable de 74 de los 87 hechos de estafa y, al considerarlos en “concurso real” entre sí solicitó una pena de prisión efectiva de 9 años y 4 meses de prisión. En cambio, para Mendoza se trata de delitos “en concurso ideal”, por lo que la pena a dictarse debiera ser menor a la solicitada por el investigador.
Para Larsen, en cambio, entendió que “sólo” participó en 46 casos y pidió que la condenaran a 4 años y 6 meses de cárcel, pero sin medidas restrictivas de su libertad, es decir, sin ir a prisión, ya que siempre estuvo a disposición de la Justicia.
Viglione, en cambio, lleva detenido casi tres años desde que fue capturado en Mendoza, en noviembre de 2016, tras permanecer prófugo más de una semana.
Los representantes de los damnificados tuvieron planteos diversos. Algunos apoyaron al fiscal en cuanto a las cifras de las condenas. Sin embargo, para el abogado Julio Razona -quien representa a 68 damnificados- esos montos fueron, cuanto menos “pobres”, y solicitó el máximo de pena posible para ambos imputados, es decir 50 años de prisión.
Razona, en su alegato, entendió que al tratarse de estafas en concurso real correspondía sumar aritméticamente cada pena individual: si corresponden 5 años por estafa, al tratarse en su caso de 68 hechos, corresponderían 340 años de prisión, pero como el máximo de pena posible es de 50, el abogado solicitó esa cifra: cinco décadas en prisión para Viglione y Larsen.
En cambio, los abogados Martín Ferrá, César Enz y Liliana Pérez, quienes representan a una víctima cada uno, los pedidos de condena fueron diferentes. El primero solicitó para Viglione el máximo de pena posible por un hecho de estafa, es decir, 6 años de prisión. Mientras que Enz y Pérez anunciaron que acompañarían el monto de pena solicitado por el fiscal Bruna.