El intendente tenía el foco en los repatriados y debió reorientar su atención al puerto. Los geriátricos también preocupan. El municipio aguarda un auxilio financiero de la Provincia para pagar los sueldos. El Concejo debe ocuparse de un asunto que no estaba en los planes de nadie.
Por Ramiro Melucci
La percepción que empieza a afianzarse en la cúspide del poder municipal es que el aislamiento ha puesto a Mar del Plata en una situación privilegiada respecto a otros grandes centros urbanos. El distrito está lejos de ser la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Córdoba, Rosario o incluso La Plata. Más allá de la diferencia en la cantidad de casos, el gran punto a favor es que en estas costas sigue sin haber circulación comunitaria de coronavirus.
Esa realidad empuja a Guillermo Montenegro a ser más optimista cuando piensa en la reapertura de la economía doméstica. Quizá por eso el intendente se sorprendió cuando vio que el primer listado de excepciones difundido por el gobierno provincial excluyó a la ciudad. Llamó al ministro de Producción, Augusto Costa, para preguntarle qué había sucedido. Apresurado, el municipio había presentado sus pedidos antes que estuviera redactado el decreto nacional y vio en ese instrumento administrativo un aval en sí mismo. Pero faltaba la validación de la Provincia y una disposición local.
El gobernador comenzó por los municipios que enviaron sus protocolos a partir del decreto de Alberto Fernández. “¿Quiere decir que los tengo que enviar de nuevo?”, indagó Montenegro. Costa le respondió que no hacía falta y le transmitió tranquilidad: Mar del Plata no tardaría en ser incluida en el listado de distritos con excepciones. Y nadie le pediría que cierre lo que, en el apuro, ya abrió.
Montenegro insistió además con la puesta en marcha de la fabricación de calefactores, el tejido de punto y el desarme de los balnearios, actividades no incluidas en el decreto nacional. En los próximos días tiene previsto sumar al petitorio las obras privadas y las profesiones liberales, que fueron habilitadas en otras provincias. Habrá que ver, también, cómo influye el anuncio presidencial de anoche, que en principio iguala a todas las ciudades de más de 500 mil habitantes.
La Provincia aclaró que cada propuesta deberá tener un protocolo sanitario y que aquellas que no estén exceptuadas en los decretos nacionales serán analizadas caso por caso y también deberán tener una convalidación del gobierno nacional. Vale refrescar el proceso en momentos en que la ilusión de salir del letargo no entiende de burocracias.
La gestión de la crisis tiene a su vez otros focos. El intendente había puesto toda su atención en los repatriados y los extranjeros –a unos los confinó en hoteles; a otros les prohibió la entrada– cuando el puerto entró en pánico. La confirmación de dos casos de coronavirus modificó la agenda. La presión de los gremios hizo repensar los protocolos de la actividad, declarada esencial en el inicio de la cuarentena. Y pese a que el retesteo de uno de los tripulantes dio negativo, la preocupación no cejó.
En el medio hubo política. Como se esperaba, el Consorcio Portuario cambió de manos. Martín Merlini, designado en la gestión de Cambiemos, fue reemplazado por Gabriel Felizia, que milita en el Movimiento Nacional Alfonsinista, el espacio del concejal Roberto “Chucho” Páez, del Frente de Todos. La jornada que se conoció la designación, el edil lo felicitó por las redes sociales. Eligió una foto de los dos junto a Fernanda Raverta. El día previo había acusado al intendente de activar un grupo de choque para tratar de paralizar el puerto. Aludía a la organización de Cristian Echeverría, involucrada en el bloqueo de la Terminal de Ómnibus en el verano. El gobierno vio aquellos dardos de Páez como una reminiscencia de la interna gremial de casineros, el sector del que proviene el concejal.
Ese punto de conflicto no sorprende a ninguno de los actores involucrados. En el comienzo de la gestión, Raverta puso a Páez cara a cara con Montenegro para que se desahogara. El edil habló pestes de Echeverría. Y ahora observó cierta agitación para embarrar la designación de su compañero de militancia. Cerca del intendente rechazaron la acusación: “No tenemos ninguna fuerza de choque y deseamos que la interna de casineros no se traslade al puerto”.
El contagio masivo en un geriátrico porteño activó otras alarmas. El municipio salió raudo a notificar a centros de día y residencias de adultos mayores sobre los protocolos de prevención. Y coordinó reuniones para capacitar a los inspectores. A nadie escapa que un descuido en ese frente derrumbaría toda estadística esperanzadora.
La seguridad también sigue en la cima de las prioridades. Un rumor se esparció en el territorio bonaerense y preocupó a los intendentes: la policía iba a retirarse de los controles para atender el conurbano. Axel Kicillof lo cortó de cuajo. En la videoconferencia que realizó el jueves con los jefes comunales, en la que estuvo acompañado, entre otros, por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, garantizó que habrá al menos dos efectivos por retén. Y que el resto del personal deberán aportarlo los municipios. “Para nosotros está bien: siempre entendimos que era una colaboración”, concluyeron en la mesa chica del intendente.
Pero el asunto central de la charla del gobernador con los alcaldes fueron las finanzas municipales. Dentro de pocos días, las comunas deberán hacer frente a los salarios de abril. El reclamo de un auxilio provincial es general. Pero hay diferencias sobre el método de reparto a utilizar. El gobernador también aclaró ese punto. Los primeros $ 1000 millones se distribuirán en función del coeficiente de la coparticipación. Y en una segunda etapa dispondrá otros $ 3000 millones mediante otras ecuaciones.
A Mar del Plata, históricamente discriminada en la coparticipación, el primer método no le sirve. Hay expectativa por el segundo. Su gran población, la ingente masa salarial y el cúmulo de necesidades básicas insatisfechas serían razones suficientes para inflar el salvavidas.
El municipio recaudó en abril $ 500 millones menos de los previstos. Sucedió por la caída de la recaudación de tasas y multas. También por la disminución de la coparticipación. El Concejo autorizó a echar mano a los fondos afectados para pagar gastos corrientes, entre los que se cuentan los salarios, la recolección de residuos, los alquileres y los seguros. Pero son $ 200 millones que tampoco alcanzan.
Los próximos días son decisivos para establecer cómo hará el municipio para afrontar esos pagos. Dependerá en gran parte de los fondos que lleguen o de los mecanismos que habilite el gobierno bonaerense para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. El Banco Provincia podría desempeñar un rol clave en la ingeniería financiera.
Los concejales saben que lo sustancial pasa por la crisis sanitaria y económica. Todos los temas que se debaten en la comisión especial que se formó por el coronavirus transcurren por ese andarivel. Pero hubo en los últimos días una excepción: el análisis de la actuación pública de Luis Salomón, el defensor del pueblo involucrado en un episodio violento en un comercio. Los jefes de bloque solicitaron dos informes clave para determinar la veracidad de los hechos: el de la Subsecretaría de Inspección General, que dirá si entorpeció la labor de los inspectores municipales, y el de la Fiscalía General, que definirá si agredió o no a un policía. “Las dos cosas son graves”, advirtieron en el Concejo, que de acuerdo a esos informes decidirá los pasos a seguir.
A Salomón podría costarle el cargo o caberle una suspensión. Su caso hizo aflorar enseguida la interna fomentista: un amplio grupo de asociaciones vecinales presentó sin demora una nota para solicitar su expulsión. Como si no quisieran cortar la racha de consensos que tuvieron durante la pandemia de coronavirus, entre los concejales también hubo unanimidad: nadie lo defendió.