Por Jorge Raventos
El, sábado, el oficialismo bonaerense regresó a sus ejercicios de timbreo en el distrito, buscando el contacto directo y la proximidad con los ciudadanos (a quienes la jerga del Pro, forjada en lides municipales, suele designar como “vecinos”). A la cabeza del ejercicio se ubicó ayer la gobernadora María Eugenia Vidal.
La pormenorizada denuncia sobre falsos aportantes a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia tiene un costado obvio, que es el impacto negativo sobre la gobernadora, la figura política mejor vista por la opinión pública. Ella tiene adversarios, competidores y enemigos y todos ellos -cada uno en su medida- tienen sus motivos para regocijarse con el incidente y tratar de capitalizarlo.
Más allá de ese ángulo, propio de los tironeos de la política, hay sin embargo otro aspecto que quizás valga la pena analizar en el affaire de los pseudoaportantes. El listado de contribuyentes ficticios no es sólo un caso de falsificación (seguramente tapadera de aportes de origen sospechoso), sino probablemente un caso de manejo ilegal de datos oficiales. La nómina en cuestión está integrada mayoritariamente por beneficiarios de subsidios que administra la ANSES, lo que hace muy presumible que la fuente proveedora de esos datos se encuentre en ese organismo.
La discusión sobre el manejo transparente de la información privada en manos de organismos del Estado se planteó dos años atrás a raíz de una resolución gubernamental ( 166 E/2016, firmada por el jefe de gabinete, Marcos Peña), que autorizó un convenio entre Anses y la Secretaría de Comunicación Pública. Muchas voces de la oposición se alzaron entonces, sospechando que el gobierno utilizaría la información pública con fines electorales. Flotaba en el aire por esos días el caso de los vínculos entre Facebook y una firma privada que había empleado los datos privados de los usuarios de aquella red para, entre otros fines, influir políticamente sobre ellos. El jefe de gabinete rechazó aquelas críticas y aseguró que no había “una vocación de utilización electoral” de los datos de ANSES.
La Justicia no investiga por el momento la fuente de los datos incluidos en la nómina de aportantes truchos. ¿No debería hacerlo? En rigor, si hubiera en funciones un Ombudsman del Ciudadano (o defensor del pueblo), la custodia de la información privada en manos del Estado (y en casos, de particulares) debería ser una de sus preocupaciones.
Si es cierto, como se asegura, que “todos los partidos mienten sobre sus aportes”, habría que ver si todos ellos presentan nóminas falsificadas con nombres de beneficiarios de servicios de ANSES. De paso, podría investigarse si, así como se presentan listados falsos de aportantes también se hacen listados falsos de afiliados para conseguir personerías electorales. Y si es así, si los datos provienen de información privada en manos del Estado.
Que el ajuste no nos pode la intimidad.
Más allá de la intención
Otro rubro que, paradójicamente, tiene que ver con el ajuste: el gobierno acaba de anunciar directivas para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Esa iniciativa, abjertamente resistida por una parte de la oposición, despierta escepticismo entre algunos de propios simpatizantes de la coalición oficialista. Hay distinguidos columnistas que celebraron el ascenso de Mauricio Macri a la presidencia para quienes la propuesta de reforma militar constituye “otra cortina de humo” (el “otra” alude a, por lo menos, un antecedente: la apertura del debate sobre el aborto). Según esa interpretación, el gobierno agita temas diversionistas para que la sociedad no preste atención a su punto débil (la economía) ni a las medicinas que está aplicando (el ajuste que, en esta interpretación, incluirá un nuevo tajo a los haberes previsionales).
Más allá del juicio sobre la intención de la Casa Rosada, habría que admitir que la discusión del rol que el país reserva hoy a las Fuerzas Armadas resulta algo demasiado importante para encogerlo al tamaño de un subterfugio.
Actualmente los militares están desprovistos de una misión claramente definida y, si tuvieran alguna más o menos plausible, carecerían de los medios y las estructiuras para llevarla a cabo: sus aviones no tienen combustible para asegurar el adiestramiento de los pilotos, sus naves se hunden en puerto o naufragan trágicamente después de mantenimientos dudosos y negligencias organizativas. Las Fuerzas Armadas, que ya venían alarmantemente desfinanciadas, se encuentran ahora incluidas en el paisaje general de ajuste que afronta el Estado.
La reforma que, ya avanzado su tercer año de mandato, propone el gobierno de Mauricio Macri aún no está demasiado clara, pero parece encaminarse en un rumbo razonable. En principio, procura remover la muralla conceptual que obligaba a las Fuerzas Armadas a prepararse para guerras que ya no se libran (Estado contra Estado) y las anula para las peleas reales en las que están en juego la soberanía nacional y la paz interior (que tienen que ver con la defensa frente a mafias y organizaciones violentas no siempre tan claramente vinculadas a Estados, y a la defensa de recursos naturales del país).
Esta anulación o neutralización de funciones de las fuerzas ha tenido lugar a través de algunos instrumentos jurídicos (por ejemplo, el decreto 727 reglamentario de la ley de Defensa del régimen K, que restringía sus posibilidades de acción a enfrentar agresiones de “ otra fuerza armada respaldada por un Estado”) pero sobre todo al concepto que divide artificialmente la seguridad de la defensa, la agresión externa de la interior.
CFK ya lo hizo
En esta columna hemos señalado reiteradamente que “la globalización disuelve los conceptos de afuera y adentro: las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva: actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se deslizan a través de ellas como la peste(…). La gran muralla entre asuntos interiores y asuntos externos que concibió el consenso de los años 80 se ha vuelto irrelevante. Defensa y seguridad se entrelazan”.
En rigor, aquel consenso que surgió a partir de la dura experiencia de la dictadura, bien podría concentrarse hoy en un punto: la prohibición del uso de la fuerza armada en la política interna.
El gobierno de Macri no propone transgredir ese punto. La sociedad (y el balance de fuerzas político) por otra parte, no lo permitiría. Las definiciones generales hasta el momento conocidas sólo plantean, así sea tardíamente, actualizar la misión (y adecuar las estructuras) de las Fuerzas Armadas a una nueva realidad y sacarlas del rincón penitenciario al que las empujó el régimen K y del que, paradójicamente, empezaron a salir en los últimos años del gobierno de la señora de Kirchner, cuando ella urdió un compromiso con el hoy desplazado general César Milani que – dejando,una vez más, las intenciones aparte- cumplía esa función.
Por cierto, modernizar conceptos,definir objetivos y proponer nuevos diseños organizativos son pasos necesarios para que el país recupere plenamente a sus Fuerzas Armadas. Pero esos pasos no bastan: la cuestión presupuestaria es una materia de resolución indispensable.
Quizás al ministro Nicolás Dujovne la reforma militar anunciada por el Presidente lo haya sorprendido a contrapierna: él venía trabajando con ánimo de recorte y esta iniciativa requiere lo contrario, disposición a invertir y gastar. Pues si bien las fuerzas cuentan en su patrimonio con muchas tierras e inmuebles que una racionalización reformista seguramente sacará a la venta, para sostener una reestructuración seria de la Defensa el Estado tendrá que invertir sumas mucho más altas que el producto de esas operaciones inmobiliarias.
Ajuste no es necesariamente sinónimo de poda.