La copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo, explicó hoy que esa organización no participó de la sesión de la Comisión Interpoderes convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por la “altísima conflictividad política” respecto de las decisiones del máximo tribunal y los “cuestionamientos” a su funcionamiento y, en particular, a su titular.
“Hay un contexto de altísima conflictividad política y un cuestionamiento al funcionamiento de la Corte y, particularmente, a algunas acciones protagonizadas por su Presidente, enfrentado con el Congreso Nacional”, dijo Naddeo en declaraciones formuladas a Télam Radio.
La Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para coordinar los juicios de lesa humanidad sesionó ayer con la ausencia de representantes del Gobierno y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que vieron en la convocatoria del presidente del máximo tribunal, un afán “oportunista”.
El encuentro fue virtual y se extendió por dos horas, durante las cuales se analizaron los procesos por delitos de lesa humanidad que siguen instruyéndose en todo el país, aunque limitados por la circulación del Covid-19, pero sin definir ninguna decisión o programa.
Naddeo explicó que la convocatoria llegó en momentos en que “se escuchan voces de la realización de juicio político (a Rosenkrantz) por eso nos asombró tanto que en medio de eso, y de una decisión polémica de la Corte de dar cierto oxígeno al debate del traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli repentinamente nos convoquen”.
“La invitación nos provocó un profundo resquemor, una sospecha de que estábamos siendo utilizados en una maniobra política para blanquear un funcionamiento bastante irregular o por lo menos no debatido con el conjunto de la sociedad y el Congreso”, agregó.
En este sentido, Naddeo agregó: “Los procesos de designación de jueces y parte de la justicia y el Poder Judicial están cuestionados porque han sido utilizados para la persecución de opositores políticos, así que no vamos a convalidar esto y pedimos una profunda reforma de Poder Judicial”.
Del mismo modo, solicitó que se termine “con los mecanismos persecutorios que tienen todavía en prisión domiciliaria, por ejemplo, a las integrantes y los integrantes de la Túpac Amaru en la provincia de Jujuy”.
A la ausencia del Poder Ejecutivo en la reunión, se sumaron también la defensora general, Stella Maris Martínez, que mandó un representante; el juez de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar y los directivos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la agrupación HIJOS.
En cambio participaron el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, y el titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler.