Los incrementos dispuestos por el gobierno municipal llegan al 300% y el plazo para abonar vence en un mes. Se multiplican las denuncias. Insisten en que la Justicia determine la ilegalidad de los aumentos.
Los fuertes aumentos que exhiben las facturas de tasas municipales que en las últimas llegaron a miles de domicilios de Mar del Plata, exponen la noticia de la amplia cantidad de denuncias y prestaciones realizadas -algunas de ellas ya están en manos de la Justicia-, pero esconden detrás una realidad mucho más cruda y tangible: la angustia de cientos de familias a las que el Municipio está obligando a pagar en un mes hasta cuatro facturas con montos exorbitantes, que se vuelven literalmente “impagables”.
A la angustia y la tensión que genera la llegada de las boletas de luz, gas y agua con los gruesos aumentos aplicados sobre estos servicios básicos en los últimos cuatro años, recientemente los marplatenses sumaron otro dolor de cabeza y un nuevo golpe al bolsillo: el valor actualizado de las tasas municipales que llegaron, que si se comparan con las que se pagaron iniciado el calendario fiscal, exponen un escandaloso aumento de más del 300%.
Detrás de los porcentajes, las más de 500 denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo y la reciente determinación de la asociación “Consumidores Argentinos” de presentarse ante la Justicia para que ésta defina si el legal el “exorbitante” aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) dispuesto por el gobierno de Carlos Arroyo, está la economía familiar y en muchos casos la “imposibilidad real” de hacer frente a estas facturas.
LA CAPITAL pudo acceder a algunos casos testigo. Vecinos a los que la llegada de esta factura les arruinó la semana, el mes y el cierre del año. Por razones legales, los damnificados prefirieron resguardarse en el anonimato.
Una de las denuncias que motivó la presentación legal de Consumidores Argentinos, sobre la cual tendrá que expedirse en estos días el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo N°2 y que podría abrir las puertas para sumar “más presentaciones”, surgió de las boletas que recibió un contribuyente domiciliado sobre la calle Garay, en la zona ubicada entre Playa Grande y Playa Chica.
Dicho vecino pasó de pagar alrededor de 5.000 pesos en concepto de Tasa de Servicios Urbanos a más de 24.200 pesos. Pero recibió cuatro facturas juntas con ese monto. El Municipio pretende que dicho contribuyente, en menos de 45 días, pague más de 88.000 pesos.
Lamentablemente, su caso está muy lejos de ser el único y por eso no se descarta una próxima oleada de denuncias colectivas ante la Justicia.
“La desprolijidad y desidia con la que se manejó el presupuesto municipal tiene que ver con esto y a partir de ahí las consecuencias son éstas”, plantearon desde Consumidores Argentinos al recurrir a la Justicia.
“No lo puedo pagar”
En un escenario similar se encuentra un frentista de la calle Falucho al 2000, que hasta agosto pagaba 2.550 pesos por la TSU, pero ahora recibió no una sino cuatro facturas, cada una por con un monto de 18.619 pesos. Sumado al fuerte incremento, las cuatro le vencen en 36 días.
Este contribuyente, en poco más de un mes, debería pagar más de 75.000 pesos. “No lo puedo pagar de ninguna manera”, expuso el vecino al presentarse desesperado en la Defensoría del Pueblo y adujo, además, que no recibe los servicios que el Municipio debería prestar a cambio.
Otro contribuyente afectado consideró “impagable” e “ilegal” el fuerte incremento que encontró al recibir las boletas. Este vecino, domiciliado en Mitre al 2700, pagaba 1m434 pesos hasta agosto. Ahora recibió cuatro facturas de 8m227,62 pesos cada una.
Las mismas, al igual que el primer caso, vencen en apenas 36 días, plazo en el que debería pagar casi 33.000, cifra que le resulta imposible de afrontar.
¿Decisión política o arbitrariedad?
Entre los cientos de casos en los que se transparenta el exponencial aumento de la TSU, muchos contienen una alarmante “irregularidad”: en algunos, el Municipio decidió tomar como punto de referencia para calcular los aumentos la valuación fiscal de la propiedad que figura en la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), pero en otros la que figura en ARBA. Preferentemente, el gobierno priorizó la valuación más alta para cobrarle más al contribuyente.
El martes, en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el titular de la ARM, Mariano Correa, advirtió al respecto que se trata de una “decisión política”.
Los defensores del pueblo advierten que en algunos casos parecería tratarese de una decisión “arbitraria” con fines recaudatorios, ya que para ciertas propiedades se toma como valor de referencia la valuación de ARBA y para otras, la de la ARM. Siempre prima la más cara.
Ejemplo de esto es el caso de un contribuyente con domicilio en Moreno al 5100. Hasta agosto pagaba 370 pesos en concepto de tasas municipales. Ahora, con los aumentos aplicados, le llegaron cuatro facturas por 2m322.86 pesos cada una. Las mismas vecen en poco más de un mes, plazo en el que debería pagar casi 9.300 pesos.
En su caso, la valuación fiscal de su domicilio, según ARBA es de 741.000 pesos, mientras que para la ARM es de 1.861.000. El Municipio eligió una vez más la más alta.
La Defensoría del Pueblo, a partir de la denuncia de este contribuyente, le solicitó a ARM las explicaciones pertinentes. Hasta ahora, el área no emitió respuesta alguna.
En una similar situación se encuentra un contribuyente domiciliado en Brandsen al 4300, quien hasta hace poco pagaba 628 pesos de Tasa de Servicios Urbanos. Ahora recibió cuatro facturas por 2494 pesos cada una.
Este vecino, en menos de 40 días deberá pagar casi 10.000 pesos. Una vez más, su propiedad exhibe una diferencia importante (más de un millón de pesos) entre lo que consta en ARBA y en la ARM. El gobierno calculó en este caso, como en otros cientos, con la valuación más elevada.
También ante su presentación, los defensores del Pueblo solicitaron a la ARM explicaciones por esta vertiginosa diferencia en la valuación fiscal. Las facturas llegaron en tiempo y forma. La respuesta, no.
– Aumento de la TSU: cinco claves que evaluará la Justicia
– “La revaluación municipal es una decisión política errónea”