El jurista asumirá mañana su cargo en el máximo tribunal de Justicia. Fue asesor del ex presidente Raúl Alfonsín.
Carlos Rosenkrantz prestará juramento mañana como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se cerrará un capítulo que se inició con cuestionamientos, a raíz de la elección por decreto dispuesta por el presidente Mauricio Macri, pero que luego se completó con un fuerte respaldo por parte todos los sectores políticos de la Cámara alta tras la concreción de audiencias públicas.
El jurista de extracción radical, que fue asesor del ex presidente Raúl Alfonsín, recibió sólo dos votos menos (58 votos a favor) que su colega Horacio Rosatti (60 votos a favor), el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, quien asumió el 29 de junio ante el máximo tribunal.
En voz baja cuando los analistas intentan explicar los motivos por los cuales Rosenkrantz obtuvo menos votos que Rosatti, pese a que todos coinciden en el Senado que la exposición del primero fue “impecable” y “mucho más sólida” profesionalmente que la de su colega, los analistas concluyen que la condición peronista del segundo fue la que terminó favoreciéndolo.
De hecho, quienes se pronunciaron en contra de Rosenkrantz fueron, además de los ultrakirchneristas, tres senadores del justicialismo, el ex presidente Carlos Menem, Hilda Aguirre y Marina Riofrío.
Rosenkrantz recibió el apoyo de la comisión de Acuerdos del Senado el 15 de marzo y dos meses, el 15 de junio, su pliego fue aprobado por el pleno del recinto.
En el camino, se especuló con que uno de los dos nombramientos (el de él o el de Rosatti) podrían “caerse” por los reclamos de la oposición de incluir más mujeres en la Corte y jueces que representen “mejor” al interior del país así como por los pedidos provenientes de sector del FpV y del peronismo disidente para ampliar el número de miembros del tribunal.
Si bien en un momento se intentó poner como condición la aceptación por parte del Gobierno de incluir la ampliación de la Corte en el temario, finalmente los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti obtuvieron un aplastante apoyo en el recinto desde todos los sectores políticos, con excepción del ultrakirchnerismo.
Los dos mayores cuestionamientos a Rosenkrantz fueron su condición de abogado de un estudio jurídico que representaba al grupo Clarín en litigios contra el Estado, y el hecho de haber aceptado su designación inicial por decreto presidencial, una medida que luego Mauricio Macri revirtió cuando advirtió los rechazos que generó en todo el arco opositor.
Cuando la oposición lo cuestionó en la comisión de Acuerdos en el Senado durante la exposición a la que ambos candidatos a jueces se expusieron, en marzo pasado, Rosenkrantz dio una respuesta que agradó a los senadores: “Ningún juez puede aspirar a integrar la Corte sin acuerdo del Senado”, declaró en su exposición, que duró cinco horas.
Allí aclaró que en su momento aceptó el nombramiento por decreto porque dio por hecho que estaba supeditado al posterior tratamiento parlamentario.
Sobre su vinculación al grupo Clarín (el abogado es uno de los dueños del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, que tuvo entre sus clientes a firmas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo De Narváez, Carbap, McDonald’s y a Clarín), adelantó que se excusará si le toca intervenir en alguna causa vinculada a ese grupo empresario.
Rosenkrantz también brindó otras definiciones que inclinaron la balanza a su favor al declarar que “los jueces no deben gobernar” y que lo que a él le “gusta en lo personal no va a impactar en modo alguno en lo que decida”.
“Mi mejor argumento sobre por qué debo ser designado es que soy claramente consciente de que Argentina no necesita superjueces ni la exaltación de la individualidad, sino reconstruir una práctica de la ley del derecho que nos permita resolver los problemas”, fue una de sus mejores definiciones.