por Roberto Porcel
El ejemplo más descarnado de lo que se ha dado en llamar la industria de los juicios laborales, son los reclamos millonarios que unos ex-dirigentes gremiales, -dicho sea de paso muchos de ellos involucrados en una grave causa penal que motivó a la intervención judicial del Sindicato-, le efectuaron en estos días, -bajo la excusa precisamente de la intervención del Gremio-, al sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Sabido es que los dirigentes gremiales no son empleados del sindicato, -art. 48 de la ley 23.551-, sino que son empleados de la empresa en la que desarrollan su actividad. Precisamente, por desarrollar esa actividad es que pueden ser afiliados al Sindicato; y por ser afiliados, es que pueden aspirar a ocupar un cargo dirigencial dentro del sindicato. Lo más grotesco de este hecho que se describe, es que la función primordial por la cual y para lo cual se crearon las asociaciones sindicales es la defensa de los intereses de los trabajadores. Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Así lo establece expresamente la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.
Dicho en otras palabras, el sindicato tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores; y quienes estén a cargo de la administración del sindicato, son quienes especialmente deben velar por el cuidado de estos intereses. En el caso del SOMU, estos ex directivos, en lugar de velar por los intereses de los afiliados, encontraron que era mucho más lucrativo “velar” por sus propios intereses. Así es que efectuaron reclamos contra el Sindicato por “salarios caídos, supletorias de indemnizaciones, intereses, multas y daño moral”, por la escalofriante suma de $ 327.176.330,49. Leyó bien, no se equivocó, trescientos veintisiete millones, ciento setenta y seis mil trescientos treinta pesos con cuarenta y nueve centavos. Para que se tome debida dimensión, en dólares serían algo así como u$s 20.448.520 tomando un valor dólar a $16 para hacer números redondos.
Estos 14 ex dirigentes pretenden considerar al SOMU su “empleador”, olvidando la gestión gremial para la que fueron votados por los afiliados, y haciendo caso omiso que el SOMU como cualquier otro sindicato solo recibe ingresos a través del aporte de sus afiliados y contribuciones de solidaridad que pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas; o alguna donación, legado, o aporte, conforme lo establece el art. 37 de la ley 23.551. Imaginen Uds. de prosperar estos absurdos reclamos, cuál sería la suerte del sindicato. Adiós a la institución que debería velar por resguardar los intereses de sus afiliados, a instancias de ex dirigentes votados por los afiliados para velar por esos intereses.
Esta situación se da en el ámbito de una asociación sindical. Cómo no estremecerse entonces con la suerte que corren las Pymes o cualquier particular que decide aventurarse y contratar personal. Si al sindicato lo demandan sus propios ex dirigentes, que nos queda a los demás. La frutilla de la torta para coronar este singular caso en particular, es que muchos de los que demandan al sindicato, intentan postularse para dirigirlo nuevamente.
Seguramente para garantizarse el cobro de lo que reclaman. Esto sucede hoy en materia laboral en nuestro país.
Frente a reclamos de esta naturaleza, a todas luces improcedentes, hay jueces que les otorgan el trámite del proceso “sumarísimo” y les conceden embargos preventivos contra las cuentas del sindicato. Como bien señaló el Presidente de la Nación al denunciar las mafias de la industria de los juicios laborales, así las cosas, todo se vuelve muy cuesta arriba, muy difícil; se ha perdido la brújula y todo límite. Lo paradójico del caso que describen estas líneas, es que algún apellido “ilustre” del mundo sindical patrocina alguna de estas demandas de ex-dirigentes sindicales contra el sindicato que administraron y al que insólitamente pretenden volver a administrar. Toda una ironía, máxime cuando nadie mejor que un dirigente gremial para conocer, que la función de los sindicatos, es precisamente, la de defender los intereses de los trabajadores y no tener que defenderse de “su ex dirigencia”. En los tiempos que corren, esa consigna pareciera haber cambiado, y hoy hasta los Sindicatos se ven expuestos a sufrir los atropellos e injusticia que provoca y trae aparejada la industria de los juicios laborales.
(*): Abogado. Socio titular del estudio Doctores Porcel fundado en 1921. Especialista en falsificación marcas.