Se realizó la 12° reunión en el marco del Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
Se realizó la 12° reunión en el marco del Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), recibió nuevas declaraciones testimoniales referidas a la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
En primer término, la Comisión votó a favor de pedir a la justicia la citación por la fuerza pública de Aldo Tonón, exdirector de la obra social del Poder Judicial, ya que por tercera vez no se presentó a testificar.
Por otra parte, se aprobó la ampliación de prueba para solicitar información a la AFIP sobre MoRo Media, una empresa de Silvio Robles, cercano al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria de la Corte.
A la hora de los testigos, la Comisión escuchó el testimonio de Andrés Alberto Sacchi, de la Dirección de Sistemas de la Corte, quien planteó las tareas realizadas para “informatizar la obra social porque había un software antiguo que no cubría las necesidades”.
Sacchi explicó que “se trabajó sobre la mejora y modernización de la página web” y, sobre la inundación en los despachos -que fue mencionada por otros testigos-, reconoció que “durante la feria hubo una filtración de agua que había afectado una computadora”.
Posteriormente, brindó testimonio María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte, quien se refirió a la situación en la obra social: “Detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica”.
Asimismo, dijo que “desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año”.
Por último, expuso Valeria Díaz, afiliada de la obra social del Poder Judicial, quien explicó que “tenía la necesidad de ser madre” y la obra social le rechazó el pedido de fertilización asistida en numerosas oportunidades.
“Hice varias presentaciones, envié una carta documento y la obra social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”, declaró.
Díaz se refirió a una situación “discriminatoria” de parte de la obra social. “Hoy tengo una nena de siete años, de la cual estoy completamente orgullosa”, dijo, tras narrar su historia en búsqueda de la maternidad.