Organismos de derechos humanos plantearon que afecta el derecho a la memoria, no tiene un estudio de impacto ambiental actualizado y afecta el patrimonio histórico de la ciudad.
Organismos de Derechos Humanos y víctimas que estuvieron detenidas en la ex ESIM interpusieron ayer una acción preventiva de daños para evitar la instalación de un bar en un predio contiguo al Faro de la Memoria.
Los promotores de la acción, que es patrocinada por el abogado César Sivo, indicaron que apunta a “evitar la concreción de daños que puedan generar tanto la responsabilidad de parte del Estado municipal, como así también de la Provincia e incluso Nación por ante los organismos internacionales, por incumplimiento de obligaciones previamente asumidas en la materia”.
Sostuvieron, en tal sentido, que el proyecto afecta “el derecho a la memoria, entendido este como un derecho humano, el cual es reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En el reclamo también se plantea que no existe un estudio de impacto ambiental actualizado y que se afecta el patrimonio histórico de la ciudad, con lo cual el municipio se expone a acciones judiciales de diversa índole.
Los accionantes también resaltaron que a través de la asociación vecinal, “utilizada como interpósita persona y mediante una maniobra que la normativa de sociedades de fomento no autoriza”, se busca convertir en un espacio de ocio un lugar destinado a a poner de realce los valores de memoria, verdad y justicia.
La presentación fue hecha ante el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de este departamento judicial, Dr. Simón Isaach. En ella “se compele a la Municipalidad” a abstenerse de efectuar cesiones, otorgamiento de permisos, locaciones y/o la utilización de cualquier otra figura análoga respecto del predio.
También requirieron que “se convoque a organismos de derechos humanos con representación en la ciudad y la provincia a los fines de fijar políticas conjuntas tendientes al resguardo de las instalaciones que conforman el inmueble y la adopción de políticas y acciones propias de la justicia transicional”.
Finalmente, reclamaron que se suspenda el trámite del expediente administrativo hasta que se procedan a adoptar las medidas pertinentes para la prevención de los potenciales daños que pudieran poner en riesgo la conservación del predio.