Fue en el foro organizado por la multisectorial "Ningún hundimiento más". Coinciden en que habría que "premiar" a aquellos armadores que decidan construir sus embarcaciones en el país.
Para lograr una renovación de la flota pesquera es esencial que el Gobierno otorgue incentivos. Sobre todo, a los que decidan construir sus barcos en el país. Esa fue una de las coincidencias más resonantes que hubo ayer en el Segundo Foro por la Renovación de la Flota Pesquera, que organizó la multisectorial “Ningún hundimiento más” en el aula magna de la Universidad Nacional.
Entre los expositores estuvieron César Lerena, asesor del senador Pino Solanas, autor de un proyecto de ley para promover la industria naval; Domingo Contessi, el director comercial del astillero Contessi; Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte, y el obrero naval Jorge de Filippis.
Lerena explicó que el proyecto de Solanas tiene como primer objetivo la fabricación de buques en el país. Porque eso “genera miles de horas de trabajo” y, además, “es inadmisible que habiendo astilleros argentinos estén importándose buques de Israel y de Francia”. La frase generó aplausos entre los trabajadores, familiares de pesqueros hundidos y dirigentes sociales y gremiales que escucharon las disertaciones.
“Han tenido que suceder estos hechos gravísimos con pérdida de vidas para que se visibilice esta cuestión de la flota”, lamentó enseguida Lerena.
El asesor explicó que la iniciativa legislativa apunta a que se apliquen los estándares internacionales de vida útil de las embarcaciones. “No hay nada que inventar en esta materia”, subrayó.
El proyecto establece que los buques de 35 años tendrán cinco años de plazo y los 40, tres. “Además, los que estén funcionando tendrán que ajustarse a los índices internacionales que los habiliten para salir a pescar”, advirtió.
La propuesta que ingresó al Senado también incluye una serie de incentivos. “Los que fabriquen buques nuevos van a tener un 50 por ciento de reducción en el impuesto al gasoil y los que fabriquen buques nuevos destinados al procesamiento en tierra van a tener el 100%”, anticipó Lerena.
A la vez, “se establecen una serie de fondos para habilitar la financiación de esa construcción y se obliga a reparar todos los buques en astilleros nacionales”.
En diálogo con LA CAPITAL, Lerena se mostró confiado en la aprobación del proyecto. Mencionó que lo firmaron senadores de diversos partidos, que fue bien visto por la comisión de Intereses Marítimos de Diputados y que incluso tuvo buen recibimiento en el oficialismo. “Supuestamente lo van a acompañar”, aventuró.
Contessi recordó que “los últimos créditos orientados a la renovación de flota se terminaron de dar a mediados y fines de la década del ochenta” y describió los “obstáculos” que hay para que se produzca la renovación.
Por caso, la duración de los trámites. “Estamos tardando más en transferir un permiso de pesca y habilitar un barco que en construirlo”, alertó. Y señaló que los trámites pueden “durar más de un año” antes de que se inicie la construcción.
A su entender, otro “obstáculo” es que, “en el afán de cuidar el recurso –lo que consideró “loable”–, las autoridades han puesto limitaciones a la renovación de la flota”. “El armador que quiere hacer un barco nuevo no quiere pescar menos que con el anterior. Como mínimo, quiere pescar lo mismo. Si le ponemos un techo o lo obligamos a involucionar, probablemente prefiera renovar el barco viejo”, sostuvo.
Contessi aclaró que “no existe ningún incentivo para construir un buque en el país”, pero rescató las restricciones que el Gobierno puso a la importación de barcos usados. “Hacía décadas que no sucedía. Hoy, antes de que se importe un barco usado, la Secretaría de Industria consulta a la industria naval, y si el barco se puede hacer en el país, esa autorización no se da. Solo se da por
una excepción justificada”, señaló.
El empresario planteó la necesidad de implantar “un sistema de premios y castigos”. Dijo que eso “está esbozado en la ley de fomento a la industria naval pesquera” de Solanas. “Cuando un armador decide construir su barco en el país debe tener algún beneficio por sobre aquel que decide importarlo, y ni que hablar sobre el que decide importarlo usado por una vía de excepción”.
También propuso “darle un premio a quien se decida a renovar un barco activo con respecto al que está reemplazando un barco inactivo”. Entre el abanico posible de premios mencionó un mejor cupo de pesca, un menor plazo de aprobación de su permiso, una mayor duración de ese permiso, mejores herramientas de financiación y la posibilidad de recibir subsidios.