Además de estar aprobada en Nación desde fines del siglo pasado, hay otras 11 provincias que ya cuentan con la norma y Buenos Aires buscará sancionarla durante 2021.
El Gobierno bonaerense impulsa la sanción de una Ley de Ética Pública y Transparencia. Para ello, el ministro provincial de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, constituyó un espacio de trabajo que durante tres meses, estará abocado a discutir y analizar la propuesta.
Así lo informó la Directora Ejecutiva de la Oficina de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, quien explicó que la convocatoria “busca trabajar en una propuesta aplicable a todos los poderes del Estado aunque, después de sancionada, se la reglamentará con los alcances más específicos para cada caso”.
Ramos señaló que el Ministerio “invitó a los tres poderes del Estado, a 15 universidades nacionales y una provincial, a los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, a integrar la mesa de discusión y debate” y sostuvo que “es una deuda que tenemos en la Provincia porque en 1999 tuvimos la primera Ley Nacional de Ética Pública, pero Buenos Aires nunca pudo sancionar una normativa”.
Agregó que “hay 11 provincias argentinas que sí la tienen. Por eso nos parecía importante y es un desafío trabajar en un proyecto para presentar en la Legislatura en 2021” y explicó que es una base para “empezar a definir qué hay que hacer para ejercer en debida forma la función pública, cómo utilizar de forma eficiente los recursos del Estado, cómo rendir cuentas, pensar el conflicto de intereses o las contrataciones. Son todas cuestiones básicas pero que no están plasmadas en ninguna norma”.
Por último, Ramos señaló que en esta oportunidad se pretende incluir el tema de género y diversidad, ya que hasta el momento no hay ninguna norma de este tipo que contemple la cuestión.