Lo presentó en la Legislatura bonaerense la diputada marplatense Johanna Panebianco, de Juntos por el Cambio. Reclama explicaciones sobre los motivos por los que no se tuvo en cuenta el destino educativo previsto para el sector.
La diputada provincial marplatense Johanna Panebianco (Juntos por el Cambio) impulsa un pedido en la Legislatura bonaerense para que la Dirección General de Cultura y Educación informe por qué desafectó un predio de Mar del Plata del destino educativo que tenía.
La presentación está vinculada con el reclamo de un grupo de vecinos para que se frene el avance de un plan de viviendas en el barrio Fortunato de la Plaza. Es que, según la donación que en 1894 hizo la familia Peralta Ramos, allí debían construirse “colegios municipales”.
El predio en cuestión, marca la diputada, está delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De los Inmigrantes.
Entre los argumentos, Panebianco cita textualmente el acta de donación y recuerda que, “gracias a esta acción filantrópica”, se pudieron construir la escuela primaria N° 50, la secundaria N° 19 y el jardín de infantes N° 922. “Sin embargo, en los últimos meses la comunidad marplatense se ha encontrado con una situación que a todas luces se presume irregular respecto al destino primigenio de estos terrenos”, advierte.
Luego hace un repaso del tema. Puntualiza que el 26 de abril, en la sesión ordinaria del Consejo Escolar, la consejera Natalia Russo informó que se había firmado “de manera informal” la cesión de tierras linderas a la escuela secundaria 19 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dijo que esa firma “se había llevado a cabo la semana anterior a la sesión en cuestión”, cuenta Panebianco. Y menciona que para ese entonces los vecinos “habían advertido movimientos en la zona, en los que se encontraban involucrados integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”. Se trata de la organización que tiene como principal referente a Juan Grabois.
“Tanto la comunidad marplatense como el resto de los consejeros escolares desconocen los términos particulares del convenio firmado entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social)”, asegura la diputada. Y señala que “despierta preocupación la desafectación del destino educativo del predio tal como lo estableció la donación”.
Para Panebianco, “es urgente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires brinde información veraz, específica y pertinente sobre la situación de estos terrenos”.
A su entender, “es de suma preocupación que el Estado, en este caso garante de que el espacio donado se destine a la construcción de establecimiento educativos, desestime esto unilateralmente y, en esta irregularidad, termine convalidando la toma de tierras por parte de organizaciones afines al gobierno”.
Concretamente, la diputada busca que la Legislatura le pida a la Dirección General de Cultura y Educación los motivos por los que desafectó el predio, y que consigne y adjunte los términos del convenio firmado con la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación.
También pretende que especifique la superficie que se puso a disposición del Gobierno nacional y que se informe sobre los estudios de factibilidad que se realizaron en el predio para otorgarle un destino distinto al educativo.
Por otro lado, requiere la normativa jurídica en la que se basó la DGCyE para desestimar el cargo de una donación y se adjunte el dictamen correspondiente de la Asesoría General de Gobierno.
Otro interrogante que plantea el pedido de informes es si la DGCyE se puso en contacto con la familia donante. Reclama además que se informe el contenido de las comunicaciones con el Consejo Escolar y se detalle a quién o quiénes fueron remitidas, así como el rol que cumple el MTE.