La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados logró dictamen de mayoría para el proyecto de ley presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, por el cual se modifica la ley de impuesto a las ganancias. Juntos por el Cambio presentó dictamen de rechazo a la norma.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller (FdT), dictaminó el proyecto de Ley, enviado el pasado 12 de septiembre, por el cual se deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones y, por el otro, incorpora en la ley del mencionado gravamen, un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.
En ese sentido, Heller comentó que “hay 30 proyectos a la vista correspondientes al tema”. También explicó que está disponible el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y consideró que “el dictamen -como ya hemos dicho- deja sin efecto el impuesto a las ganancias. Entendemos que debe ser visto y evaluado dentro del conjunto de reclamos de la ciudadanía, que ha reclamado distintas medidas, y es un viejo reclamo de muchos diputados. Este tema ha estado permanentemente en las promesas de campaña”, aseguró.
Al mismo tiempo, explicó que en este régimen cedular la base son “180 salarios mínimos vitales y móviles anuales o los 15 mensuales, y es el único mínimo no imponible que se va a establecer para este tipo de rentas; todo esto tendrá dos ajustes anuales, en enero y en julio de cada año”. “Se mantiene zona desfavorable, se eliminan deducciones, se incorpora régimen cedular con una escala progresiva que va del 27 al 35%”, apuntó.
“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, puntualizó el diputado -y aclaró- que: “Se exceptúan del Régimen Cedular los ingresos obtenidos por magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, secretarios de Estado en adelante, y diputados y senadores del Poder Legislativo”.
Desde la Izquierda acompañaron la medida y, en esa línea, la diputada Romina del Plá (PO) recordó que en 2013 el planteo de su fuerza fue “la abolición de la cuarta categoría” porque es un impuesto “confiscatorio del salario”. “El salario no es ganancia y no es patrimonio de muchos que ahora parece que lo descubrieron”. “La cuarta categoría fue porque muchas empresas escondían ganancias haciendo simular grandes salarios y así se convirtió en uno de los instrumentos de mayor recaudación”, advirtió. Asimismo, la legisladora dijo que es un impuesto “regresivo sobre trabajadores y jubilados” y pidió por la incorporación de monotributistas y autónomos porque se “agudiza un desequilibrio”.
Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo. El diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, explicitó esa postura, criticó el dictamen y manifestó que es “el impuesto más progresivo que tiene el sistema tributario” del país. “Debemos poner en contexto la discusión porque no sale de la nada, desde que asumió el Gobierno, hubo más de 20 subas de impuestos. Después de que el gobierno resultó tercero en las elecciones de repente aparece una reforma”. Además, pronosticó que ésta -y otras medidas del Gobierno- “generará y profundizará más déficit fiscal e inflación y no se está presentando ninguna compensación”.
El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert planteó que “el primer impuesto que habría que bajar es la inflación, para que los argentinos dejen de experimentar la caída en sus salarios reales, empobrecimiento, miseria y marginalidad, y para que las empresas dejen de fundirse”, aseguró. “Son medidas electoralistas y hasta inconstitucionales y es una irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal”. “No estaríamos discutiendo reforma fiscal sino hubiera fracaso del gobierno en la lucha por la inflación”, aseveró el diputado liberal.
En tanto, el diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense) consideró que la discusión se dá en “como hacemos con el billón 700 mil de impacto a las provincias no genere una dificultad en las provincias por encontrar el equilibrio fiscal”. “Se financia infraestructura e industrias y ese debería ser el foco constructivo sobre el que trabajar”. Y prosiguió: “Tenemos que encontrar un mecanismo- aclaró que están conversando con bloques provinciales- para que eventualmente se pueda minimizar o neutralizar ese impacto sobre las cuentas de las provincias”.
Por su parte, desde Juntos Somos Río Negro el diputado Agustín Domingo, expresó que su proyecto tiene “algunas similitudes y algunas diferencias sustanciales” con el del Ejecutivo. “Siendo un impuesto que representa el 30% que lo pagan millones de argentinos nos hubiese gustado tener más tiempo para analizarlo”. “Los cambios que proponemos es un mecanismo para actualizar el mínimo no imponible de manera automática en base al salario vital y móvil; el ajuste en la escala, llevarlas a valores razonables y ajuste automático atado al salario; la equiparación entre asalariados y autónomos; y cambiarle el nombre al impuesto”.
Por último, en sintonía con su par el legislador Rodríguez, solicitó el mecanismo de compensación a las provincias por el “efecto negativo” que tendrá la norma.