La UGA volvió a reclamar que el municipio rectifique la liquidación de haberes de los trabajadores. Además pidió que se cumpla con una orden judicial que obliga a la comuna a proveerles elementos de seguridad.
Luego de que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictara una conciliación obligatoria que se extenderá hasta el próximo 6 de marzo, evitando así la posibilidad de que se apliquen medidas de fuerza, los guardavidas volvieron a expresar sus críticas contra la gestión del intendente Carlos Arroyo, reclamaron la municipalización del servicio y exigieron que la comuna cumpla con un fallo judicial que obliga a proveerles elementos de seguridad.
A través de un comunicado, la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) responsabilizó al gobierno local por la “total precariedad” con la que los trabajadores realizan sus tareas y por haber liquidado de manera “errónea” sus haberes, provocando la depreciación de los salarios de quienes desempeñan la actividad.
“La Municipalidad del General Pueyrredón se encuentra condenada por la justicia local ante la falta de los elementos de seguridad y rescate y al día de la fecha, sigue sin cumplir con esa sentencia firme que la obliga a proveernos de todo lo necesario exigido por la ley vigente”, advirtió la entidad gremial.
Además la UGA se refirió al conflicto desatado por la forma en la que el municipio liquidó los haberes de los trabajadores durante este verano.
“Estamos sufriendo un hecho discriminatorio”, ya que el municipio “sigue sin recomponer los salarios correctamente, de acuerdo al índice de inflación del año 2017, determinado por el INDEC“, planteó la entidad.
Según la UGA, mientras que el personal municipal, así como los funcionarios políticos -entre ellos el secretario de Hacienda, Hernan Mourelle y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente- percibieron sus sueldos “ajustados por la inflación” los guardavidas continúan esperando que en su caso también se cumpla con ese criterio.
“La inflación está violentando nuestra economía familiar y los funcionarios responsables de resolver esta situación nos conducen a situaciones de violencia institucional“, denunció la UGA.
Por otro lado la entidad reclamó que el municipio haga uso de las herramientas con las que cuenta para “unificar el servicio de seguridad en playas” el cual hoy se “encuentra dividido, entre guardavidas municipales, tercerizados y privados”.
Por ese motivo reclamaron la “municipalización total del servicio” para garantizar así “la seguridad y el profesionalismo por encima de los intereses privados de los balnearios, los “dueños” de las tierras en las playas del sur y el clientelismo de los funcionarios de turno”.
“Solicitamos que el Ejecutivo y Legislativo local analicen seriamente esta posibilidad por el bien de la seguridad (que debe ser pública) y para garantizar el acceso a la jubilación que hoy sólo gozan quienes trabajan para el municipio“, pidieron desde la UGA. Además reclamaron el cumplimiento de la Ley Provincial 14.798 “que regula la actividad del guardavidas y establece que el ingreso a las vacantes deben determinarse a través de un concurso público estrictamente fiscalizado”.
“Dicha ley también regula, entre otras cuestiones, la cantidad de puestos de seguridad por metros de playa. En ambos casos, como en otros numerosos ejemplos, la Ley está siendo violada ya que, según cálculos hechos basados en la legislación vigente, faltarían más de 1000 guardavidas en toda la costa de Mar del Plata“, planteó la UGA.