Los sindicatos rechazan que el nuevo buque del Inidep sea tripulado por Prefectura. Anticiparon que denunciarán ante la Justicia el acuerdo firmado entre el organismo y la fuerza de seguridad. El titular del Simape dijo que hay funcionarios que coinciden en que el convenio "es una aberración".
Los gremios marítimos están decididos a profundizar su reclamo contra la intención de las autoridades del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de confiarle la navegación de su nuevo buque científico a personal de Prefectura, desplazando de esa función a los trabajadores con los que ya cuenta el organismo.
Dirigentes sindicales anticiparon que tras haber expuesto sus quejas ante funcionarios nacionales y provinciales, en las próximas horas acudirán a la Justicia para impugnar el acuerdo mediante el cual el director del Inidep, Otto Wöhler, convino que el Víctor Angelescu -el barco recientemente botado en España- pueda ser operado por la Prefectura Naval Argentina.
“Ya habíamos denunciado la intención de licitar la contratación de tripulantes a través de una agencia armatorial privada. Ahora vamos a denunciar este convenio con Prefectura”, le anticipó a LA CAPITAL el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba.
La inminente llegada del buque científico a la Argentina está acompañada por un intenso conflicto.
El personal embarcado que cumple funciones en el Instituto denuncia a su director, Otto Wöhler, por pretender desplazarlos, primero mediante un intento de tercerización y ahora a través de un polémico convenio firmado con la Prefectura.
En ese acuerdo se estableció que una vez que llegue al país, el Víctor Angelescu podrá ser tripulado por miembros de esa fuerza de seguridad.
El acuerdo firmado por Wöhler y el prefecto general Eduardo Scarzello le encomienda a la fuerza la operación, el funcionamiento y el mantenimiento del buque por un lapso de dos años.
El documento establece que los roles de capitán, primer oficial de cubierta, jefe de máquinas, primer y segundo oficial de máquinas, marineros, cocinero y ayudantes, entre otros, podrán ser desempañados por los uniformados.
Como era de esperar, la novedad no cayó para nada bien entre los 64 trabajadores del Inidep que desde hace años desempeñan esos mismos oficios.
El reclamo se desencadenó luego de que meses atrás los trabajadores realizaran una denuncia penal contra Wöhler, cuestionando la intención de licitar la contratación de tripulantes a través de una empresa privada.
Si bien en aquél momento el organismo resolvió frenar la medida, el conflicto sigue creciendo.
El Victor Angelescu es un buque de 53 metros construido en el astillero gallego Armond Vigo S.A y es considerado como uno de los buques de investigación pesquera y oceanográfica más sofisticados del mundo.
Con su incorporación, el Inidep pretende comenzar a renovar parte de su flota actualmente conformada por tres unidades: el Oca Balda, el Eduardo Homlberg y el Capitán Cánepa, todos ellos con más de 35 años de actividad.
Lejos de disiparse, en las últimas horas el malestar de los gremios fue en ascenso, sobre todo, luego de que Wöholer dijera públicamente que la actuación de Prefectura a bordo del Angelescu permitirá que el organismo reduzca “en un 40% sus costos” laborales.
“De este modo el funcionario está reconociendo su intención de vulnerar la ley de Contrato de Trabajo ya que como empleador pretende optar por los menores costos en detrimento de los derechos de los trabajadores ya consagrados”, sostuvo Jorge Lapalma, del Sindicato de Conductores Navales (Siconara).
Para Lapalma el acuerdo “desvirtúa” la función del INIDEP ya que admite que el buque pueda ser utilizado por Prefectura para realizar “actuaciones de seguridad”, lo que llegado el caso, “interrumpirá las tareas de investigación”.
Además, propone que al estar a cargo de la navegación del buque durante las campañas el personal de Prefectura “cumpla con una actividad que no es la suya”.
Según Trueba, varios de los funcionarios ante los cuales los gremios plantearon su inquietud “coincidieron en que este convenio es una aberración”.
El conflicto tiene como antecedente haberse desatado poco después de que el presidente Mauricio Macri firmara el decreto 702/2017, que según los gremios, supuso una notable mejora en el régimen laboral del personal embarcado.
“Es lamentable que mientras que por un lado el gobierno entrega la reforma con una mano, por el otro se pretenda cercenar de esta manera los derechos de los trabajadores”, razonó Lapalma.