Las ong's de defensa de derechos del consumidor y funcionarios aseguraron que seguirán reclamando que la Justicia declare la ilegalidad del tarifazo. Además insistieron por la recategorización de Mar del Plata. Exigen "tarifas razonables y legales".
Los topes de hasta el 400% y el 500% para el tarifazo de gas no conforman ni a los organismos de defensa de los derechos del consumidor ni a los funcionarios de diferentes dependencias públicas de la ciudad.
Por eso hoy varios de ellos no sólo expresaron su insatisfacción con la medida, a la cual consideraron como un “paliativo” cuyo efecto sólo percibirán algunos usuarios por un plazo que ya tiene fecha de vencimiento: el 31 de diciembre.
“Si esto no se resuelve de otra manera en marzo o en abril del año que viene vamos a tener el mismo problema”, alertaron.
Por eso dejaron asentada su voluntad de acompañar las acciones judiciales contra el aumento aprobado por el Ministerio de Energía de la Nación y ratificaron que insistirán para que el Partido de General Pueyrredon sea recategorizado para que así se implemente un cuadro tarifario similar al de localidades patagónicas.
Reunidos en un hotel céntrico, los defensores del Pueblo, Fernando Cuesta, Fernando Rizzi y Oscar Rodríguez; la titular de la Oficina Municipal de Derechos del Consumidor, Verónica Tambascia y representantes de la Liga de Amas de Casa; Acuba y Consumidores Argentinos advirtieron que lejos de haber quedado resuelta, la situación continúa siendo preocupante.
“Un aumento del 400% sigue siendo un tarifazo”, aseguró Oscar Rodríguez quien también denunció el intento de la empresa Camuzzi por “desvirtuar” la resolución a través de la cual fue establecido el tope y se indica cómo refacturar las boletas ya emitidas.
Si bien la disposición del Enargas señala que el límite será establecido considerando las tarifas vigentes hasta el 31 de marzo, la compañía puso en duda que en Mar del Plata vayan a ser utilizados los valores existentes hasta ese momento, que eran los determinados en 1999 y que asignaban para los clientes residenciales R3-4 un precio de 0,22 por metro cúbico de gas.
Según parece la compañía tiene interés en aplicar el cuadro tarifario aprobado en 2014, suspendido por un amparo, que establecía que para el mismo tipo de clientes el precio del metro cúbico era de $1,57.
“Lo que hace Camuzzi es desinformar y confundir”, denunció Rodríguez.
Por su parte el asesor de la Liga de Amas de Casa, Fernando Copari, subrayó que la empresa “no debe interpretar nada. Lo que tiene que hacer es aplicar la resolución que dice que el tope se aplicará sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo, que por ejemplo, para los clientes residenciales de mayor categoría tenían un valor de $0,22. Punto”.
En las actuales circunstancias no sólo inquietan los aparentes intentos de la empresa por aplicar ahora el cuadro tarifario más afín a sus intereses. También hay preocupación por cómo evolucionarán las medidas judiciales contra el tarifazo.
“Aunque hayan establecido el tope, hay que destacar que estamos frente a un cuadro tarifario que es ilegal”, dijo el abogado de Consumidores Argentinos, Diego Castro Domenech. De hecho, las tarifas impulsadas por el ministro Juan José Aranguren fueron objetadas por el juez de La Plata, Alberto Recondo, quien a instancias de esta y otras ong’s, alertó que el Ministerio incumplió con la exigencia de realizar una audiencia pública. Si bien el juez reclamó que se la realice, no suspendió el cuadro tarifario, lo que para Castro Domenech, “es una gran incongruencia”.
El abogado indicó que ahora se está trabajando para defender la postura de los usuarios ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. “Este tope al que han presentado como un gran beneficio es una trampa mortal porque es tan ilegal como todas las resoluciones anteriores mediante las cuales se estableció el tarifazo del 2000%. Por eso vamos a seguir litigando hasta que todo esto se derogue y se establezcan tarifas razonables y legales”, afirmó.
Frente a este panorama, la dirigente de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, reivindicó el rol de las entidades de defensa de los derechos de consumidores y usuarios y de los organismos públicos que se alinearon detrás de sus reclamos.
“Si no hubiéramos alzado nuestra voz no sé que hubiese pasado. Ahora en Mar del Plata tenemos este tope que no hace más que en algunos casos poner algunos paños fríos durante 6 meses. Las tarifas confiscatorias y abusivas aprobadas por el gobierno siguen vigentes y por eso vamos a seguir trabajando”, aseguró.
En esa línea el Defensor del Pueblo, Fernándo Rizzi, también reivindicó el papel de quienes alzaron su voz contra los tarifazos. “Se ha demostrado que en Mar del Plata hay un conjunto de instituciones dispuestas a defender los derechos de la gente y que lo seguirán haciendo. Ahora estamos esperando una respuesta por la recategorización del Partido de General Pueyrredon, que sería lo que en este contexto nos traería una solución estructural”, indicó.
Por su parte el defensor del Pueblo, Fernando Cuesta, advirtió que pese a todos los avances logrados este “tarifazo va a generar un enfriamiento de la economía que va a provocar en Mar del Plata cifras de desocupación e informalidad muy altas. Insistimos mucho en la irresponsabilidad del Ministro Aranguren. Si de un 2000% bajó las tarifas al 400% pareciera que se equivocó y si se equivocó no puede estar más frente a un Ministerio”, sostuvo.