Personal policial y de Desarrollo Social de la comuna comunicaron la decisión judicial que indica que mañana deben desalojar los terrenos de Fortunato de la Plaza al 8700.
Ante el inminente desalojo de las tierras del barrio Las Heras, determinado por la Justicia para mañana a partir de las 8, los ocupantes, ayer fueron notificados por personal de la Policía Bonaerense y de Desarrollo Social de la Municipalidad local.
Fuentes oficiales informaron que “las casillas no aumentaron, sino que disminuyeron”, a comparación del inicio de la toma y adelantaron que habrá “diálogo” una vez desocupados los terrenos lindantes al polideportivo ubicado en ese barrio marplatense.
“El desalojo se hará el jueves, estipulado entre las 8 y las 10, y hoy (por ayer) fueron notificados de la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal”, explicó a LA CAPITAL el secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, Martín Ferlauto.
En caso de lluvia, el desalojo deberá realizarse el viernes en el mismo horario estipulado.
En cuanto a la cantidad de casillas apostadas en el predio, el funcionario aseguró que “son unas 30, menos de la mitad que había el jueves pasado cuando se realizó el censo. Los informes sociales determinaron que en ese momento había casi 80 personas, todas mayores, y un bebé”.
Asimismo, sobre la postura de algunos de los ocupantes que ya anunciaron su decisión de no irse del sitios, Ferlauto confió en que esas personas se movilicen ya que “si bien se autorizó en la sentencia el uso de la fuerza policial, aspiramos a que sea algo completamente pacífico”.
“Esperemos que hagan abandono voluntario por sus propios medios -añadió-, evitando de esa forma usar la fuerza en su menor medida posible, como indica la resolución del juez. Esperamos que la mayor cantidad de gente acate la voluntad judicial”.
Por otra parte, el secretario de Seguridad local aseguró que actualmente “no hay diálogo” con los ocupantes pero adelantó que “habrá diálogo después del abandono de los terrenos, como lo dijimos en un principio. No puede haber un canal franco y sincero de diálogo, ni con Nación, ni Provincia, ni con la Municipalidad, tomando un terreno. Eso para nosotros es un delito y lo hemos denunciado”.
Durante el procedimiento deberán estar presentes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, del servicio local de Protección de Derechos, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del organismo provincial de la Niñez y Adolescencia, de la Asesoría de Incapaces, de la subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio del Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
El conflicto comenzó el domingo 23 a la noche cuando un grupo de personas tomó los terrenos linderos al polideportivo municipal de barrio Las Heras. Un día después, el intendente Guillermo Montenegro se refirió a la usurpación de tierras y dejó en claro la postura del municipio al afirmar que “el que toma un terreno es un delincuente”.
Ese día, el jefe comunal explicó que la toma se produce en “terrenos que son municipales, pero que además tienen una función específica para OSSE, que tiene que ver con que es un reservorio que se utiliza para los momentos de inundación”.
Por su parte, el fiscal Juan Pablo Lódola, como representante del Ministerio Público, y Montenegro, en su carácter de particular damnificado, solicitaron el “lanzamiento” de los ocupantes, término que se utiliza en el sentido de desalojo. Para justificar esa medida, el fiscal aceptó la documentación extendida por el municipio y citó los distintos agravios con la esperanza de que la Justicia de Garantías autorizara medidas para liberar ese predio.
Sin embargo, el martes de la semana pasada, el juez Errandonea rechazó el pedido por considerar que no había un informe del riesgo de esas tierras ni tampoco un relevamiento preciso de las personas que las ocuparon, de manera que ordenó se agregue esa información para poder tomar una medida.
Cuatro días después, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión del magistrado de primera instancia y ordenó que los terrenos sean desalojados aunque dejó en responsabilidad de Errandonea el día y la hora en que se haría el procedimiento.