Los propietarios de viviendas con mala calificación energética estarán obligados a realizar obras para aislarlas correctamente o tendrán que retirarlas del mercado cuando renueven sus contratos.
Por Carmen Muela Morales
PARIS, Francia.- El Gobierno francés pretende frenar el derroche térmico de las casas mal aisladas a través de la denominada “criba energética” de las viviendas de alquiler que consumen un exceso de energía y en paralelo ha puesto en marcha medidas para paliar la espiral inflacionista en el mercado inmobiliario.
Las viviendas “energívoras” o “derrochadoras térmicas” que consumen más de 450 kilovatios hora por metro cuadrado al año (etiqueta G del diagnóstico energético) no podrán alquilarse en Francia a partir del 1 de enero de 2023.
“El mercado de la vivienda está en proceso de cambiar y renovarse”, explica a EFE el director jurídico de la Agencia Nacional para la Información sobre Vivienda (ANIL), Louis du Merle, que se refiere a un aspecto de la ley del clima que va a afectar de lleno al sector a partir del año próximo.
Un 12,9 % de las casas ofertadas en seLoger en 2022, una conocida página de anuncios inmobiliarios, son “derrochadoras térmicas“, y sus responsables han calculado que en Francia representan un 10 % del total (entre 4,9 a 7 millones de un parque total de 29 millones).
“En un contexto en el que los precios aumentan, especialmente el de la energía, limitar el consumo energético para calentar la vivienda es una medida que puede mejorar el poder adquisitivo de los franceses”, señala el responsable jurídico de esta entidad, que tiene como misión asesorar al público.
El aislamiento de las ventanas y las puertas ayuda a conservar la temperatura y a reducir el consumo energético.
Un 20% de los franceses pasan frío en su casa
Un 20 % de los franceses ha pasado frío en su hogar durante el invierno por falta de recursos económicos o por el mal aislamiento de la vivienda, según datos del Gobierno.
Este problema se ha agudizado en el último año por la subida de precios en la luz y el gas debido en particular a la tensión por los suministros de gas ruso. Aunque el Ejecutivo ha limitado ese incremento para los clientes particulares.
Para evitar el derroche térmico, los caseros de las viviendas con mala calificación energética (etiqueta G) estarán obligados a realizar obras para aislarlas correctamente o tendrán que retirarlas del mercado cuando renueven sus contratos.
Los inquilinos podrán obligar legalmente al arrendador a que haga reformas si se trata de una vivienda ‘energívora’ a partir de la entrada en vigor de la ley en enero de 2023.Estas obras pueden ser costosas para los propietarios, y el Gobierno está planeando darles asesoramiento y ayudas económicas para realizar las obras necesarias porque el riesgo es que una parte del parque inmobiliario se retire del mercado, y eso pondría más presión al alza en los alquileres.
Se van a dedicar este año 3.200 millones de euros de fondos públicos para la renovación de viviendas privadas, en un intento para transformar aquellas que están clasificadas en el grupo G.
Esta situación puede aumentar la “dura competencia” al buscar casa en grandes ciudades como París, donde hay escasez de oferta de viviendas de alquiler. “En este contexto de un mercado tenso, podemos observar dificultades para algunos inquilinos que no tienen recursos suficientes para pagar el alquiler” comenta du Merle.
También recuerda que hay recursos accesibles para las personas con ingresos bajos, como las viviendas sociales que pueden ayudar a mejorar esta situación precaria.
Riesgo de espiral inflacionista
Un problema que también preocupa a los expertos jurídicos es el impacto de la inflación en el mercado inmobiliario francés: “Los arrendadores cada año tienen la posibilidad de aumentar el alquiler debido a la inflación”, afirma Du Merle.
Pero puntualiza que muchos de ellos no lo hacen para mantener las buenas relaciones con los inquilinos o por la complejidad del proceso.
Para evitar estas temidas subidas de precio que afecten al poder adquisitivo, el pasado día 16 entró en vigor una ley que ha fijado un tope del 3,5 % al aumento que pueden aplicar los arrendadores a los inquilinos tanto de viviendas como de comercios.
EFE.