Personal de Gendarmería Nacional allanó bancos en el marco de la causa que investiga a financieras locales y la posible comisión de delitos económicos.
Un operativo ordenado por la Justicia Federal posibilitó el secuestro de casi 5 millones de dólares de cajas de seguridad alojadas en distintos bancos de Mar del Plata.
En esta causa, en la que se investiga a varias firmas financieras de la ciudad por el delito de intermediación y asociación ilícita dirigida a cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública, hay 27 personas procesadas.
De acuerdo a la información obtenida por LA CAPITAL, el pedido de requisa de las cajas de seguridad fue realizado por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y autorizado por el juez Santiago Inchausti, e incluyó a bancos de Mar del Plata, Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Fueron allanadas once cajas de seguridad y, según confirmó la Justicia Federal de Mar del Plata, ” en seis cajas de seguridad de personas físicas o jurídicas vinculadas al Grupo Transcambio, se secuestró: más de 4.700.000 dólares, casi 1.700.000 pesos en cheques, 148 mil euros, más de 4 mil libras esterlinas; bijouterie y monedas de oro y seis carpetas con títulos de propiedad”.
Fuentes de la firma Transcambio afirmaron que “el monto secuestrado es de poco más de 2,7 millones de dólares y que los mismos se encuentran totalmente justificados y contabilizados, no sabiendo el porqué de la cifra informada por la Fiscalía o el juzgado de los 4,7 millones”.
Al realizar el pedido de allanamiento, que fue luego ordenado por el juez Santiago Inchausti, el Ministerio Público Fiscal, sostuvo que: “En el interior de las cajas de seguridad cuyo allanamiento se solicita, no sólo podría ser habido dinero que podría resultar producto de la actividad ilícita que se investiga, sino que además podría hallarse documentación que se vincule con el objeto de la presente investigación”.
Al respecto, reparó en que “las entidades bancarias no llevan un registro del contenido de las cajas de seguridad, por lo que, para aquellas personas que no pueden declarar el origen de sus fondos se erigen como una herramienta más que eficaz a la hora de poner a resguardo sus valores por fuera del control estatal”.
En el marco de esta causa, participa también en la instrucción la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que realizó peticiones conjuntamente con la Fiscalía, y también brinda colaboración la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).