El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se defendió y dijo que no sabía que la licencia de conducir que tenía en su poder había sido emitida por la banda delictiva que operaba en el distrito descentralizado "El Gaucho".
Federico Bal habló en las últimas horas del juicio oral que comenzará este miércoles en Mar del Plata, en el que está imputado por el delito de “utilización de instrumento público falso agravado”, luego de que se supiera que el carné de conducir con el que circulaba en la ciudad se había obtenido en forma irregular.
“Me metieron en algo que nada que ver. Me tengo que presentar porque esta causa me tiene agotado hace años. Mi abogado no quiso hacer la probation: no voy a exponerme a eso cuando no hice nada”, dijo el hijo de los artistas Carmen Barbieri y Santiago Bal, en el programa televisivo en el que trabaja.
Y agregó: “No es verdad que voy a terminar detrás de barrotes. Mi abogado está haciendo las cosas bien. Lo que creo realmente es que están mostrando que están haciendo las cosas bien y soy la cara visible”.
Por otra parte, su abogado Juan Ignacio Giovanettoni, señaló a la prensa porteña que cuando ocurrieron los hechos, en la temporada 2014-2015, “la forma de expedir el carnet era irregular y Federico no tenía forma de saberlo, considerando que no es funcionario público y no sabía que había una asociación ilícita que sacaba registros truchos”.
“Vamos a afrontar el juicio con la tranquilidad de saber que tenemos a un inocente. Simplemente se trata de un manejo para tenerlo frente a la Justicia y que sea resonante el caso, pero es una ridiculez lo que están planteando. Él no fue detenido y no puede ir preso”, explicó el letrado.
Además, Giovanettoni mencionó que “el delito de asociación ilícita que pesa sobre ellos (la banda delictiva) no tiene nada que ver con Federico porque él no es funcionario de la Municipalidad: hizo el trámite como correspondía”.
“Tenemos pruebas suficientes y todo lo necesario para afrontar el juicio y que salga de la mejor manera”, añadió.
La vinculación de Bal con los hechos se registró durante la temporada estival 2014-2015, cuando el hijo de Carmen Barbieri fue sometido a un control de alcoholemia mientras hacía teatro en la ciudad. El test le dio positivo y tanto su automóvil como su licencia de conducir quedaron secuestrados. Más tarde, se supo que ese carné era uno de los muchos tramitados en forma irregular.
Cuando Bal concurrió a declarar en el marco de la causa que se inició para esclarecer el accionar de la banda delictiva que emitía los registros, remarcó: “Yo no sabía que era trucho, la culpa no la tengo yo. La culpa es de la organización de Mar del Plata que entregaba licencias truchas y tuvo 25 despidos”.
El juicio
El juicio por la venta de licencias de conducir “truchas” comenzará el miércoles en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 y serán juzgadas doce personas, entre las que se encuentran el ex titular del distrito descentralizado “El Gaucho”, Juan Carlos Belmonte y el propio Bal.
Inicialmente los imputados fueron 25; respecto de siete de ellos se suscribieron suspensiones de juicio a prueba; otros seis ex funcionarios municipales fueron ya condenados mediante la modalidad del juicio abreviado y los doce restantes, entre los que se encuentra el entonces titular del distrito descentralizado “El Gaucho” y sindicado como el líder de una banda delictiva, Juan Carlos Belmonte, llegarán al debate oral.
En 2015, el Ministerio Público Fiscal dio por terminada la investigación y pidió la elevación a juicio. A partir de allí se sucedió la etapa intermedia y los ofrecimientos de pruebas de las partes que llevó a un extenso análisis debido a la cantidad de material aportado y la complejidad del caso.
En total se detectaron 7.031 carnés irregulares emitidos por la gestión municipal anterior en el período que la fiscalía investiga. La investigación dio inicio hace aproximadamente tres años, cuando se determinó el allanamiento del Distrito Descentralizado “El Gaucho” y se procedió a tomar declaración a funcionarios de la gestión anterior y de empleados municipales ante la Justicia, bajo la figura de asociación ilícita, defraudación al erario público, falsificación de documentación pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
El debate oral tendrá una duración de 45 jornadas hábiles, por la cantidad de prueba que deberá desarrollarse en el debate. Se espera que declaren unos 110 testigos, además de que se deberá analizar una “importante” cantidad de prueba pericial, documental e informes.
El debate tendrá lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, compuesto por los jueces Néstor Conti, Alejandro Simaz y Roberto Falcone.
Si bien la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el juicio estará al frente el fiscal Marcos Pagella y, como particular damnificado, se presentará la Municipalidad de General Pueyrredon con el patrocinio Silvia Mabel Forconi.