por Leonardo Stanley (*)
El gobierno nacional decidió seguir avanzando con las tareas de prospección y explotación costas afuera (offshore), política iniciada durante la administración anterior.
Ya en 2007 se había intentado avanzar con la prospección en costas bonaerenses, pero el rechazo de la sociedad marplatense postergo la licitación en la denominada “Cuenca Colorado Marina”.
Hoy como ayer, el discurso oficial trata de destacar los efectos benéficos que generaría este tipo de actividad, particularmente en términos de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Algunos sectores empresarios también se entusiasman, viendo nuevas oportunidades de negocios con el despegue del offshore. El gobierno provincial resulta otro actor interesado, pensando en los ingresos fiscales que podría generar la actividad.
Otros, sin embargo, resaltan los efectos catastróficos (contaminación, derrames) que para el turismo tanto como para la actividad pesquera conlleva este tipo de actividad.
Desde el punto de vista legal, la concesión de la explotación en la plataforma continental y en el mar territorial (offshore) se halla reglada por la Ley 27.007.
En su artículo 9° fija la concesión podrá otorgarse por un plazo de 30 años, al tiempo que fija un nivel de regalías 50% menor al convencional. Dicha ley es la primera que regula actividad offshore en Argentina.
Lamentablemente no se contempla una ley de presupuestos mínimos que regule la exploración y explotación de hidrocarburos. Ello socaba el objetivo de proteger el ambiente y el desarrollo sostenible que figura en el primer y segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Avanzar con la exploración y explotación petrolera resulta desaconsejable desde el punto de vista ambiental, más si consideramos los peligros que entraña el cambio climático.
Cualquier tipo de exploración conlleva importantes riesgos ambientales, los cuales se agravan cuando la actividad se desarrolla costas afuera. Las emisiones sonoras que producen los análisis sísmicos al momento de la prospección dañan gravemente al ecosistema marino, tal como lo ha denunciando Greenpeace Argentina. Otros peligros acechan ya en fase de operación, tal como la catástrofe ambiental que se observara en el Golfo de México una década atrás (caso Deepwater Horizon).
Considérese también la posibilidad de derrames, con numerosos ejemplos tales como el recientemente
observado en Tasmania o el ocurrido en Magdalena – Provincia de Buenos Aires en 1999.
Aún cuando las normas ambientales están para cumplir, observamos que también les resulta fácil evadirlas: cuando la contaminación arrecia, los culpables desaparecen – tal como lo grafica el comportamiento de Shell-CAPSA en el caso Magdalena. Pero aún cuando resulte aplicada, la legislación mantiene una visión estrecha. Se evalúan los riesgos climáticos, tal como si una compensación pecuniaria pudiera reparar el eventual daño ambiental. Lamentablemente, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar.
La actividad agrava el problema del calentamiento global, uno de los principales causantes del cambio climático. Los combustibles fósiles liberan partículas en la atmósfera, el principal componente de los gases de efecto invernadero.
La comunidad científica ha demostrado lo cercano que nos hallamos de atravesar determinados “puntos críticos”, lo cual desencadenaría terribles efectos sobre la vida en la tierra. El futuro resulta impredecible. A diferencia del riesgo que entraña un problema ambiental arquetípico, el cambio climático combina incertidumbre y fragilidad. El primero implica asumir un determinado riesgo, el cual puede ser cuantificado. Pero el segundo nos adentra en lo desconocido, ello impide su cuantificación.
Como consecuencia de los efectos del cambio climático, las catástrofes naturales aumentan su letalidad. Viendo las noticias, se constata como los huracanes cobran mayor dimensión, las llamas avanzan con mayor voracidad. A los años de sequía se suceden otros de lluvias intensas, los desmontes del presente abren las puertas a los desbordes e inundaciones del mañana. Pero no todos los riesgos permiten ser mesurados, no siempre puede asignarse una probabilidad a un determinado evento.
Estamos pues frente a un tipo de incertidumbre distinto, que denominamos “radical”. El mundo de lo previsible, del riesgo controlado se ve eclipsado por la llegada de los “cisnes negros”. Frente a dicho escenario, los modelos de riesgo que tradicionalmente utiliza la economía ambiental no sirven. Y ello explica porqué se esta renunciando a asegurar determinados eventos.
La (i)lógica del offshore
Observamos pues un fuerte consenso acerca de lo riesgoso que resulta este tipo de actividad, más también la creciente incertidumbre que se observa en torno al problema del cambio climático. El mundo se enfrenta a numerosos riesgos, plural que denota la probabilidad de confrontar desastres naturales tanto como la posible irrupción de “burbujas verdes” que desencadenen nuevas crisis financieras. Esto último se vincula con el problema de los activos varados, asociado a una pérdida no anticipada o prematura en el valor de dichos activos. Dicha revalorización obedece a distintos factores, sean climáticos, ambientales, aunque también obedecer a un cambio de opinión entre los inversores. Hace unos días los medios de todo el mundo hablaban de un precio negativo para el barril de petroleo. Aunque ello reflejaba un problema de almacenamiento acotado al mercado estadounidense, los mercados ya están comenzando a descontar lo inevitable del cambio: el ocaso del petróleo resulta de horizonte cercano.
Aunque estrechamente interconectados, los riesgos operan de manera opuesta: cuanto más rápido se actúe para mitigar el problema ambiental, mayor será la probabilidad de quedarnos con “activos varados”. Si la resolución de tal disyuntiva sería local, habría inconvenientes aunque podría resolverse. El problema es que el problema resulta global, donde las decisiones de algunos por mitigar el riesgo fisico podría incrementar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran a la explotación petrolera en América Latina, el desarrollo offshore en el Mar Argentino.
Las inversiones que se realicen en el país pueden quedar obsoletas antes de lo que previsto por una decisión adoptada en otras latitudes, que nuestros clientes impongan una tasa al carbono sobre las importaciones. El problema no se asocia con un cambio en precios relativos sino que resulta más grave: el petroleo que genera la región puede quedarse sin mercados.
En definitiva, avanzar con la explotación offshore también resulta desaconsejable desde una perspectiva económica. La situación obliga al Estado a asumir un nuevo rol, diseñar políticas que permitan superar el desafío. La precaución debe guiar el accionar público, la resiliencia deviene más relevante que la eficiencia. También debemos reconsiderar el ideal de desarrollo, repensar la idea misma de progreso.
(*) Investigador Asociado CEDES. Autor de “Emerging Market Economies and Financial Liberalization: Argentina, Brazil, China, India and South Korea” (2018, Anthem Press) y “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development (2020, Cambrigde University Press).