por Jorge Raventos
Probablemente la apertura formal de un nuevo período legislativo que se produce hoy, con la presentación del Presidente ante el Congreso, marcará también un cambio de las relaciones políticas entre el oficialismo y el complejo de fuerzas que lo resisten.
En rigor, ese movimiento se viene desplegando paulatinamente y se ha acelerado en las últimas semanas, quizás a partir de que las usinas más intensas de la oposición comprobaron que el gobierno de Alberto Fernández podía no sólo en principio poner algodón entre las tensiones sociales, aquietar la inflación y atemperar la volatilidad de otras variables económicas, sino componer con eficacia apoyos legislativos y -más significativamente aún- construir una red de comprensión en el gran escenario internacional que incluyó desde el Papa a los líderes de Francia, España, Alemania, Italia, Israel, a la directora del Fondo Monetario Internacional y hasta a figuras difíciles como los presidentes de Brasil y de Estados Unidos (“Dígale al presidente Fernández que cuenta conmigo”, le dijo Donald Trump al embajador argentino Jorge Argüello cuando éste presentó sus credenciales).
Hoy una conveniente renegociación de la sofocante deuda pública parece mucho más creíble que el 10 de diciembre pasado, cuando Fernández asumió la presidencia.
Con esos datos a la vista los auténticos estrategas de la oposición corrigieron sus diagnósticos anteriores (centrados en un esperado hostigamiento del mundo al oficialismo, la posibilidad de un default y una agudización de los conflictos internos del gobierno) y comenzaron a temer que la Casa Rosada consiga consolidar su poder. Un intelectual del sector lo describió así: “Es un gobierno peronista clásico, en principio con una mayor impunidad a la hora de tomar medidas complejas, sobre todo por el apoyo de los sindicatos (…) En ese sentido, tiene un trayecto un poco más cómodo por delante y lo aprovecha para lo que hace este tipo de gobierno: tratar de consolidar el poder, tomar los principales lugares del Estado, generar espacios informales de financiamiento y pensar en cómo quedarse la mayor cantidad de años posible”.
Esa ominosa prospectiva es que ha determinado un endurecimiento opositor, expresado no sólo por sus vectores legislativos, sino muy marcadamente por sus escuderos mediáticos y por las organizaciones que componen su entramado social.
Las líneas de choque
Las líneas que esa estrategia ataca son varias. Una, constante, es la que insiste en que el gobierno padece de bicefalía o -peor- es conducido desde fuera de la Casa Rosada (“por el Instituto Patria”). Esa línea persigue la devaluación de la figura presidencial y constituye, si se quiere, la continuidad de la teoría Durán Barba que subrayaba la centralidad de la figura de Cristina Kirchner para capitalizar la mala imagen de la actual vicepresidenta (un rubro en el que ya ha sido superada por Mauricio Macri).
Subproducto de esa línea es, por ejemplo, la asignación de propósitos maléficos a medidas de otro modo difícilmente discutibles que alienta el Ejecutivo (“el discurso de las buenas razones -la solidaridad, la igualdad fiscal- oculta intenciones perversas que más temprano que tarde salen a la luz”, escribe, por caso, un comentarista).
El reino de la sospecha
En el caso de la reciente discusión sobre las llamadas jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales (“este recorte desesperado de las jubilaciones de los jueces”), la finalidad oculta residiría en cumplir una voluntad de la señora de Kirchner de vaciar los tribunales para manipular la designación de futuros jueces y así “garantizar su impunidad y la de su familia en la decena de causas por corrupción que se le siguen”. Este tipo de comentario -que no es infrecuente en ciertas partidas de canasta o en conversaciones de feria o de shopping- tal vez alcanzaría jerarquía informativa si quien lo emite tuviera dotes adivinatorias certificadas. De no ser así, habría que contabilizarlo como una pieza más de la nube de negatividad y sospecha que alienta aquella estrategia.
La parte por el todo
Como parte de la descripción de un gobierno interesado en arrasar con la apreciada independencia de la Justicia, se asigna a la Casa Rosada la autoría intelectual de proyectos presentados a título personal (o eventualmente, de pequeño grupo) por distintos legisladores oficialistas, como por caso, el de intervenir el poder judicial de Jujuy, o el de invalidar prisiones preventivas en casos en que publicaciones periodísticas “pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado”.
Aunque el gobierno aclaró que no tenía arte ni parte en esos proyectos y el propio gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, descartó que el Presidente hubiera impulsado el que se refiere a su provincia, la versión se repite conservando la ambigua imputación al oficialismo. El incorregible peronismo no respeta las instituciones.
El episodio Scioli
La presencia de Daniel Scioli en la votación de la Cámara de Diputados que el último miércoles reformó los regímenes jubilatorios especiales de magistrados y diplomáticos se convirtió en otro episodio de la misma saga. El diputado Mario Negri, jefe del bloque de Juntos por el Cambio, llamó a sus diputados a dejar el recinto en rebeldía contra esa presencia, que garantizaba al oficialismo el quórum y la sanción de su proyecto. Negri alegó que el voto de Scioli era ilegal, ya que había renunciado a su banca de diputado al ser designado como embajador ante el gobierno de Brasil. Lo cierto es que ni Scioli renunció todavía (hoy estará presente en la Asamblea Legislativa) ni su designación como embajador ha sido oficializada por el correspondiente decreto presidencial. No ha habido ilegalidad alguna en el voto de Scioli en la Cámara.
El gobierno tuvo, efectivamente problemas de quórum (cuatro ausencias propias más las de miembros del bloque lavagnista cuya presencia quizás había dado precipitadamente por descontadas), pero los salvó apelando a un último servicio legislativo de Daniel Scioli, que desde el martes próximo atenderá en Brasilia. El recurso es parlamentariamente tan legítimo como negar el quórum, algo que el bloque de Negri había anunciado. O como ausentarse de la Asamblea Legislativa de hoy para boicotear la presencia del Presidente, como propusieron varios miembros de la bancada de Negri, entre otros su coterráneo Luis Juez (una jugada atrevida, que hoy se comprobará si se concreta).
En una coalición opositora que, con Mauricio Macri a media máquina, no tiene figuras destacadas de conducción, Negri probablemente aspira a utilizar su jefatura parlamentaria para emular al Ricardo Balbín del histórico Bloque de los 44 que, en tiempos del primer Perón, asumió de hecho el liderazgo de su partido después de la derrota electoral de 1946.
El “brutal ajuste”
Otra línea de choque de la estrategia opositora reside en describir la política económica que el gobierno debe encarar obligado por el peso de la deuda, como una política de ajuste, en definitiva dictada por la necesidad de acordar con el FMI. Esta línea de discurso es más difícil de esgrimir con verosimilitud desde las filas opositoras (que vienen de dejar una herencia de deuda y compromisos con el Fondo), pero se insiste en ella con la esperanza de incidir sobre sectores de izquierda autónomos o, inclusive, integrados al Frente de Todos.
La anulación de la fórmula de actualización de las jubilaciones es pintada por los voceros opositores como un “brutal ajuste”. Sin embargo, hasta en un medio que notoriamente no simpatiza con la presidencia de Fernández, como La Nación, su columnista Gabriel Sued informa que “para el 86,8 por ciento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, unos 13.600.000 beneficios, el aumento será mayor al que hubieran recibido con la fórmula de movilidad suspendida por el Congreso en diciembre, que contemplaba un incremento del 11,56 por ciento para los meses de marzo, abril y mayo. Si el cálculo se hace sólo sobre jubilados y pensionados, el 75 por ciento percibirá un aumento mayor”.
El gobierno, como lo venía informando antes de aplicar la medida, se ha propuesto achatar la pirámide de las jubilaciones, mejorando sumultáneamente a los que están más atrasados (3 de cada 4). De algo más de 15 millones de beneficiarios, solo unos 2 millones tendrán incrementos menores al que preveía la fórmula anulada y más de 13 millones recibirán más. ¿Ajuste brutal? La reforma de los regímenes especiales está en línea con esta política.
Esperando al campo
En fin, además de las palabras y de la difusión del relato de la sospecha, además de las escenas legislativas, la oposición más confrontativa está añorando algo de acción callejera. Tiene la esperanza de suscitarlo, en principio, desde el campo. El gobierno ha anunciado un incremento de las retenciones y en muchos sectores del espectro rural hay resistencia. En la Casa Rosada hay plena conciencia de los riesgos que suscitaría un eventual cortocircuito con el sector más competitivo de la producción argentina, no solo (ni principalmente) a la luz de la experiencia de 2008, sino por la comprensión del aporte que el sector hace al comercio exterior del país.
Hay sin duda necesidades encontradas.
El gobierno necesita recaudar, el sector necesita que le alivianen las cargas y los costos. Dentro del conglomerado rural, por otra parte, hay diferencias marcadas (de ubicación geográfica, de acceso a los puertos y mercados, de rubro productivo): cada situación requiere un tratamiento propio. Todos tienen que ceder algo si se aspira a avanzar, a evitar que se repitan errores y a tomar en cuenta el interés general por sobre los tironeos sectoriales.
La estrategia de la confrontación que parece agravarse en estos días seguramente se prolongará hasta que haya definiciones sobre el tema deuda. Si el gobierno puede alcanzar sus objetivos (reprogramar vencimientos, achicar intereses y/o monto) el horizonte se extenderá, se abrirá un período de estabilidad política y tanto en el oficialismo como en la oposición tenderán a prevalecer los sectores más propensos al diálogo y a las estrategias cooperativas. Por ahora estamos en plena pulseada.