En la primera sesión extraordinaria del año, se resolvió que el convenio que el Municipio firmó con la Universidad de San Martín pase a ser tratado en las comisiones de Movilidad Urbana, Legislación, Seguridad y Hacienda. Se desestimó el giro original a Educación.
El Concejo Deliberante aprobó hoy en su primera sesión extraordinaria del año que el expediente de las fotomultas elevado por el gobierno de Guillermo Montenegro sea tratado en las comisiones internas.
El punto de acuerdo se alcanzó luego casi cuatro horas de debate en el recinto, en el marco del debut de la nueva conformación del Concejo, presidida por Marina Sánchez Herrero, con fuertes cruces entre los bloques opositores y el oficialismo a raíz de la polémica generada por la eliminación del giro del expediente a la comisión de Educación, donde el Frente de Todos y Crear Juntos tienen mayoría.
Por unanimidad, aunque con la abstención del Frente de Todos, se resolvió que el convenio que la Municipalidad firmó con la Universidad Nacional de San Martín para poner en funcionamiento un sistema de fotomultas en el partido de General Pueyrredon dentro del Programa de Seguridad Vial sea tratado en las comisiones internas del cuerpo, moción que propuso el concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) en representación de la bancada oficialista.
En detalle, con 10 votos negativos del Frente de Todos y Crear Juntos, pero con 13 a favor de JxC y Acción Marplatense, se aprobó que el expediente cuente con giros a las comisiones de Seguridad, Movilidad Urbana, Legislación y Hacienda, aunque se desestimó el giro original a la de Educación.
Ese último punto fue el que terminó prolongando en mayor medida el debate. Desde el comienzo de la sesión extraordinaria, el FdT buscó diferentes estrategias para que el convenio que el Ejecutivo necesita convalidar en el Concejo Deliberante sea tratado en Educación, pero todo el interbloque oficialista se opuso y ganó esa pulseada por mayoría.
Marina Sánchez Herrero presidió la primera sesión extraordinaria.
La concejal Mariana Cuesta (Frente de Todos) expuso un detallado análisis cronológico de los hechos que condujeron a esta sesión. Señaló la “gravedad institucional” de que se hayan modificado los giros originales y pidió explicaciones en torno a esa situación que, finalmente no se aclaró. “Este expediente tiene muchas cosas que no cierran”, dijo.
Su compañera de banca, Marina Santoro, en sintonía con lo también expuesto por Ariel Ciano, Vito Amalfitano, Sol de la Torre y Roberto Páez, remarcó la “amarga respuesta” que dejó la sesión por “no haberse incorporado el giro original”, pero además cuestionó que previo a ser convalidado por el Conejo “el Ejecutivo ya esté ejecutando” el convenio con la instalación de las primeras cámaras, tal como informó el secretario de Hacienda, Santiago Bonifatti, al brindar detalles del Presupuesto 2022 en la comisión de Hacienda.
Virginia Sívori sumó que “no es la manera de discutir” si la ciudad debe o no contar con un sistema de fotomultas y deslizó que “el proceso debería ser licitatorio”.
Otra de las críticas a la que sí se sumó Acción Marplatense tuvo que ver con el hecho de que el Municipio “no haya considerado” a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) para firmar el convenio y haya priorizado a la de San Martín.
“Este expediente no nos gusta, no nos entusiasma ni un poquito y hasta el momento solo tenemos objeciones para realizarle”, expuso Horacio Taccone, quien si bien minimizó el tema de los giros, pidió un “tratamiento responsable” en las comisiones, pero no insistió en que se trate en Educación y de hecho acompañó lo propuesto por el oficialismo.
El concejal Nicolás Lauría se ausentó de la sesión, pero su compañero del bloque, Alejandro Carrancio, también pretendía la incorporación de esta comisión. De hecho, fue quien expuso la crítica más férrea al expediente, no solo por la polémica expuesta en torno a la eliminación del giro, sino por la confección y las características del proyecto.
Carrancio, en gran parte, adelantó la discusión que el expediente tendrá en las comisiones. Dijo que el intendente Guillermo Montenegro, en realidad, “decidió celebrar un convenio con la Universidad Nacional de San Martín para evitar un proceso licitatorio” y que detrás “está el negocio” con la empresa privada Secutrans, sobre la cual expuso el prontuario judicial de su titular, Leandro Camani, involucrado en dos causas penales, “condiciones por las que Secutrans nunca podría ganar la licitación”.
El edil, que dijo estar a favor de la implementación de un sistema de fotomultas siempre y cuando “sus condiciones sean beneficiosas para la Comuna”, cuestionó que el expediente no aclare qué cantidad de dispositivos que se pretenden instalar en el distrito y advirtió que el convenio tiene “un espíritu recaudatorio”, pero rechazó que “el 76% de lo recaudado no vaya a las arcas municipales” por lo que “se nos quiere meter en una trampa recaudatoria”.
El oficialismo, en casi cuatro horas, se mantuvo dentro de la misma línea: defendió el expediente y propuso su vuelta a comisión, como terminó ocurriendo, para “ser analizado y trabajado en los ámbitos correspondientes” antes de ser tratado en una sesión, sin que el convenio pase por Educación.
Por la Coalición Cívica-ARI, la concejal Angélica González dijo que “el medio más soberano” para “analizar el expediente, pedir los informes correspondientes y las respuestas pertinentes es en las comisiones”.
Daniel Núñez (UCR) planteó que el debate dado en torno al giro o no a una comisión “no es discutir la agenda de los vecinos, sino cuestiones menores” y que la exclusión del expediente en Educación “no tiene gravedad institucional”. Además, ponderó el prestigio y los antecedentes de la Universidad de San Martín en materia de seguridad vial. Crítico de la oposición, pidió “terminar con el gataflorismo” y claramente afirmó: “No concuerdo con que el expediente deba ser tratado en la comisión de Educación”.
En el mismo sentido, su compañera de bloque Marianela Romero dijo que “lo más importante es el contenido” y que “las respuestas que faltan las vamos a obtener en el debate en las comisiones” pero desestimó que haya habido “un funcionamiento irregular en el manejo institucional” y que “no hubo ninguna orden política”, sino “un criterio técnico para asignarle los giros”.
Romero se refirió a las críticas por la instalación de cámaras antes de que el convenio sea convalidado por el Cuerpo y aseguró que si eso no ocurre, el Ejecutivo “deberá desandar el camino que empezó” pero celebró la “decisión” del gobierno de Guillermo Montenegro de “trabajar en acciones que lleven seguridad y tranquilidad a los vecinos”.