El gobierno municipal se los había pedido por el inicio de las clases presenciales. Pero aclararon que no están en condiciones y que la solicitud viola una resolución del Ministerio de Transporte.
La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) aseguró este jueves que no está en condiciones financieras de cumplir el pedido del municipio de incrementar las frecuencias en el inicio del ciclo lectivo y hasta advirtió que la solicitud viola una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación.
En una nota que lleva la firma del titular de la entidad, Juan Inza, las concesionarias aludieron a la exigencia que les formuló la comuna el 4 de marzo para que presten el servicio “con la totalidad del parque automotor para reforzar las frecuencias en el horario pico” y garantizar, a la vez, el distanciamiento social en las unidades.
Cametap sostuvo que el pedido “es de imposible cumplimiento” e incluso violatorio de la resolución ministerial 259/20, que les exige a las prestatarias “que garanticen la máxima frecuencia servicial para asegurar que las unidades circulen con un pasaje que no supere la cantidad de asientos disponibles con hasta 10 pasajeros de pie, pero de acuerdo a la disponibilidad que tengan de vehículos y de personal de conducción habilitados”.
Sobre ese punto, advirtió que las empresas “tienen disponibilidad de vehículos, pero no de choferes habilitados para conducir la totalidad del parque automotor” porque la planta “se encuentra reducida en aproximadamente un 20% por tratarse de personas enfermas o que fueron relevadas del deber de asistir al lugar de trabajo por imperio de las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación 207/20 y 296/20″.
También puntualizó que “el quiebre de la ecuación económico financiera que existe actualmente” ha sumido a las concesionarias “en la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir cualquier otra obligación diferente a las impuestas por el pliego de bases y condiciones” del 2005, “a menos que se instrumenten los mecanismos económicos necesarios no solo para restablecer el equilibrio entre las obligaciones y los derechos que poseen en la prestación del servicio, sino para prestarlo en las condiciones necesarias para evitar el contagio”.
Boleto
Cametap recordó que el municipio no aumenta el boleto desde el 23 de agosto, cuando el intendente, en uso de facultades cedidas por el Concejo Deliberante, lo fijó en $ 34,24.
Desde entonces “se produjeron incrementos en los costos involucrados en la prestación del servicio que son de público y notorio conocimiento en el proceso inflacionario”, a punto tal de que “la tarifa tendría que ascender a $ 96,06”.
Eso significa que las empresas perciben “una tarifa que representa tan solo el 36,68% del costo real y efectivo” de la prestación del servicio “y no reciben compensación, subsidio o política de exención alguna que les permita soportar, financieramente, la diferencia del 63,32% de los costos prestacionales que no están siendo objeto de reconocimiento económico alguno”.
Cametap subrayó que si bien el Concejo le había encomendado que gestionara una ampliación de los subsidios para que tuvieran incidencia en la determinación final de los costos, el Ejecutivo “no gestionó ningún subsidio, compensación o beneficio” que permita “absorber los mayores costos de la prestación”.
Además, mencionó la ley 27.561/20, que creó el “Fondo Covid de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país” y asignó $ 10.500 millones para transferir a provincias y municipio.
Aun cuando el decreto 4/21 del gobernador aprobó el giro de $ 30,8 millones, “el Ejecutivo municipal tampoco realizó trámite alguno para que tales sumas sean transferidas efectivamente al efecto de restablecer, al menos parcialmente, la alteración que existe en la ecuación económico financiera del contrato de concesión”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la Municipalidad “está omitiendo ejercer las competencias materiales que le son propias” para garantizar la continuidad del servicio.