Es por el alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
El juez federal Julián Ercolini elevó este miércoles a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo por presunto lavado de dinero en la causa conocida como Los Sauces.
En la causa se investiga el supuesto lavado de dinero a través del alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La medida incluye a los empresarios, a los hijos de Báez, al contador de los Kirchner, Víctor Manzanres; a Fabián De Sousa y a Romina de los µngeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, entre otros.
Ercolini recordó que sobre la expresidenta y sus hijos pesa la acusación por asociación ilícita pues funcionó entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.
La firma Los Sauces había sido constituida originalmente el 7 de mayo de 2006 por Néstor Kirchner y luego su esposa, según el fiscal Gerardo Pollicita, “realizó distintos aportes irrevocables de bienes y dinero a la empresa y por medio de aquella adquirió una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia”.
La firma de Lázaro Báez aportó durante ese período un total de 6.851.650,97 de pesos en alquileres, en tanto que Cristóbal López y Fabián De Sousa unos 18.554.725,76 y de manera indirecta -a través de Idea SA de Osvaldo Sanfelice- otros 561.665,57 de pesos, lo que, remarcó el juez, “constituyó un 88 por ciento de lo facturado en ese período por Los Sauces SA”.
Los Sauces, según la acusación, fue utilizada como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y en el caso de Cristóbal López previamente favorecido con los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.
La causa inicialmente estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio quien luego de imponer los procesamientos de Cristina Kirchner y sus hijos, se declaró incompetente y giró el expediente a su par Ercolini por conexidad.
Es que Ercolini viene investigando la causa Hotesur donde se investigan maniobras similares pero en lo relativo al alquiler de habitaciones de los hoteles en manos de los Kirchner.
Junto a la expresidenta , van a juicio Máximo y Florencia Kirchner, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciana, Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Romina De Los µngeles Mercado, Carlos Alberto Sancho,Cristóbal Manuel López, Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo José Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.
El juez Ercolini rechazó la oposicón de varios de ellos en ir a juicio y el caso ahora pasa a manos de un tribunal oral que debe fijar fecha, pudiendo hacer el juicio recién en 2019 o 2020.
En tanto, el único que permanece con prisión preventiva es el contador Víctor Manzanares, pues el juez consideró que quiso obstruir la investigación.