Nuevamente se produjo en Mar del Plata un grave episodio de violencia barrial por motivos de convivencia. Los detalles de un hecho que muestra a las claras la existencia de una situación cada vez más compleja de prevenir para el Estado.
Cuando este miércoles al mediodía la policía llegó al barrio Florencio Sánchez una mujer yacía herida, aunque lúcida y consciente: había sido apuñalada durante una pelea con su vecina y la hija de ella, una adolescente de 14 años. El operativo derivó en la aprehensión de la menor y el rápido traslado de la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde horas más tarde, y ya en plena recuperación de sus lesiones, daría su versión de los hechos. Los mismos que ahora son investigados por la Justicia pero que, desde que ocurrieron, se enmarcaron en un nuevo conflicto de convivencia de los cientos que hay por mes en Mar del Plata.
No es una novedad. En la periferia de la ciudad el Estado no llega y difícilmente pueda llegar alguna vez a prevenir este tipo de casos. En esta oportunidad, si bien los problemas entre las protagonistas de esta confrontación habían emergido tiempo atrás, el motivo desencadenante de la violencia fue la colocación, por parte de una de ellas, de un balde con agua en determinado sitio, lo cual molestó a la otra. Sí. Eso. La colocación de un balde con agua en un sector puntual de un terreno que motivó el reproche, y el reproche causó una contestación a gritos, y los gritos derivaron en la agresión física.
Según pudo saber LA CAPITAL al consultar fuentes judiciales y policiales, el episodio es confuso incluso por los propios dichos de la víctima. El personal de la comisaría quinta, que intervino en el operativo montado tras la recepción del llamado de un testigo al 911, aprehendió en el domicilio de William Morris al 6100 a la adolescente, pero horas más tarde la Justicia de Menores ordenó su liberación y dio traslado de la causa a la Justicia de Mayores.
De acuerdo a las averiguaciones realizadas, la pelea fue entre las mujeres adultas -sí, por el mencionado balde con agua, pero con una historia previa y ordinaria de desencuentros vecinales-, y en ella intervino en determinado momento la joven, en defensa o como apoyo de su madre. Lo que sucedió a partir de allí deberá ser determinado por los investigadores, ya que al inicio de la pesquisa se apuntó hacia la menor pero más tarde fue la misma víctima la que incriminó a la progenitora.
A priori, los uniformados que intervinieron en el procedimiento aseguraron que la herida, de 37 años, manifestó entonces, y antes de ser llevada al HIGA, que la agresora había sido la adolescente. Eso motivó su aprehensión, ordenada por el fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Batán.
Sin embargo, luego apareció una testigo -amiga de la víctima- que pidió declarar ante la policía mientras en el HIGA la paciente era intervenida quirúrgicamente, y dijo que ella le había referido que la autora del ataque había sido la madre de la menor. Al atardecer de este mismo miércoles, cuando ya estuvo en condiciones de dar su versión formal de lo ocurrido, la mujer apuñalada incriminó directamente a su vecina adulta y desligó a la joven.
Al recibir la notificación oficial de la declaración de la víctima, realizada bajo juramento y con el apercibimiento de la pena que implica el delito de “falso testimonio”, el fiscal Russo ordenó la inmediata liberación de la adolescente, que además por su edad resulta no punible para la ley penal argentina y sólo había sido demorada debido a la gravedad del hecho que se le incriminaba (“tentativa de homicidio”). En ese marco, se produjo su restitución a los familiares, y se le dio traslado de la causa a la Justicia de Mayores, para que empezara a investigar a la madre.
Este jueves, la fiscal Romina Díaz recibió las actuaciones y en medio del hermetismo de la pesquisa, devolvió la causa a la Justicia de Menores tras considerar probado que la autora del ataque no fue la madre de la joven. Ahora, resta saber cómo continuará la historia, pero hay algo que los representantes del Estado implicados -instructores judiciales, policías y por qué no miembros de dependencias sociales del Poder Ejecutivo- deben saber: cuando la víctima obtenga el alta médica y regrese a su casa del barrio Florencio Sánchez se encontrará otra vez con sus vecinas, y los inconvenientes entre ambas partes lejos estarán de haberse terminado.