por José Luis Zerillo
Sin dudas este 30 de agosto – Día internacional del Detenido Desaparecido, por Resolución de las Naciones Unidas-, no fue una efeméride más. La desaparición de Santiago Maldonado en medio de un operativo de Gendarmería y la consiguiente obstinación del gobierno negándose a reconocer dicha desaparición, ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión un tema tan sensible para la Argentina como lo es la desaparición forzada de personas.
Seguramente si nosotros viviéramos en Estados Unidos, hablar de Derechos Humanos (derechos Civiles como los llaman) sería retrotraerse a las luchas contra la esclavitud, al racismo y al segregacionismo; disputas que llevaron décadas en el reconocimiento de derechos a todas las personas por igual, más allá de su pertenencia étnica. Tal vez, hablar de Derechos Humanos en países cuya interpretación del Islam es sesgada y parcial, implique recordar la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Al hablar en Argentina de Derechos Humanos, no puede desligarse de nuestra historia reciente, del dolor y sufrimiento de millones de argentinos y argentinas, a través del terrorismo de Estado con un plan sistemático que secuestró, violo, torturo, asesino y desapareció a 30.000 personas. Sin lugar a dudas, esa historia es parte identitaria de nuestra joven democracia, la misma que alterna los cargos a presidentes de la Nación un 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos-, por lo que, querer desconocerla, implica rasgar parte sustancial de nuestro sistema democrático y, sin lugar a dudas, lesionar un mecanismo de prevención y alerta que están latentes.
A su vez, la desaparición de Santiago se da en el medio de antecedentes que nos alarman y preocupan gravemente: el cambio de gobierno nacional trajo de su mano la discusión por la cantidad de desaparecidos, la manifestación hecha por el Secretario de Derechos Humanos respecto del fallo que, aplicando la derogada ley del 2×1 otorgaba la libertad a represores, expresando que se atenía a derecho y que el gobierno tardó cinco días, -rechazo social previo-, para manifestarse en contra del mismo. No son señales tranquilizadoras en una temática que toca fibras tan sensibles como es el recuerdo latente del plan sistemático de desaparición de personas implementado por el terrorismo de Estado.
Es en este contexto, que despierta alertas y sensibiliza, preocupa que ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Ministra de Seguridad y el gobierno todo, se nieguen a dar señales claras y contundentes sobre cuál es su postura sobre este hecho. ¿Ha creado el gobierno un mecanismo sistemático de desaparición forzada de personas como en la dictadura? Claramente no. Ahora ¿se ha manifestado el gobierno desde el primer día de la desaparición, y ante el reclamo de los Organismos de Derechos Humanos, en forma clara y contundente poniéndose al frente del reclamo de la aparición con vida de Santiago ?Todo lo contrario.
Es precisamente esa posición asumida por el Gobierno Nacional que motivó dos pedidos de acción urgente de parte de Organismos Internacionales de protección de derechos; una por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien dictó una medida cautelar de protección, y otra por parte del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que exigió medidas urgentes al gobierno para hallar a Santiago y juzgar a los responsables.
Contrario a ello, el camino elegido por el gobierno ha sido la sospecha. Estamos viviendo un deja vu del “algo habrán hecho”: en solo 30 días, Argentina despertó al mundo con un grupo terrorista, apátrida, usurpador, comandado por comunidades originarias que –nos venimos a enterar ahora- por sus costumbres nómades vinieron originalmente de Chile, y parece ser que hace cientos de años tuvieron la osadía de atacar a otros pueblos originarios que esos sí serían argentinos. Todo un verdadero dislate.
Una famosa cita, sostiene que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Hoy, asistimos preocupados nuevamente a la construcción de un enemigo social que permita justificar ciertas prácticas. Todas aquellas personas que han estudiado y analizado los procesos de construcción del sujeto peligroso y con ello la justificación de proceso represivos, encuentran por lo menos tres pasos necesarios, que hoy se cumplen a pie juntilla: la estigmatización del grupo, que se construye como un grupo violento, que a su vez viene por nuestras tierras del sur y que además es extranjero; el aislamiento, a partir de constituir una diferencia tan tajante que impida la identificación, por lo cual no generan empatía alguna; y el hostigamiento, que justifica la violencia y la represión, como respuesta natural a esa previa construcción social.
El gobierno, ante una desaparición forzada que no le es endilgada como parte de un objetivo gubernamental, lejos de procurar la rápida aparición con vida y castigo a los culpables, eligió desviar la atención sobre la gravedad del hecho, fomento supuestas apariciones en otros lugares del país, y derivo el eje del problema a un supuesto grupo terroristas mapuche del cual el resto de los argentinos no teníamos ni idea de su existencia hasta la desaparición de Santiago Maldonado en un procedimiento de la Gendarmería Nacional.
La impunidad en materia de Derechos Humanos, no se refiere a un caso en el cual no se pudo encontrar a los culpables, se refiere al accionar del Estado que encubre, protege y ampara a quienes son sindicados como responsables, sean miembros del Estado como en este caso o sea con la protección y aquiescencia del mismo. El rol del gobierno nacional se asemeja bastante a esa definición. Por ello, ante los debates actuales, estamos convencidos que resulta tan político el silencio y la indiferencia, como reclamar en todos los ámbitos ¿Dónde esta Santiago?
(*): Ex director de Derechos Humanos MGP y profesor UNMdP.