Tras la solicitud del juez Bonadio, el oficialismo buscó avanzar con celeridad en ese trámite, pero se topó con la resistencia del Bloque Justicialista.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el próximo martes para considerar la autorización para allanar los domicilios y el despacho de la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner que realizó el juez federal Claudio Bonadio, aunque el Bloque Justicialista presentará reparos.
Luego de que el magistrado enviara el último jueves un oficio a la Cámara alta para pedir autorización para allanar los tres domicilios y el despacho de la ex presidenta, el oficialismo buscó avanzar con celeridad en ese trámite, pero se topó con la resistencia del Bloque Justicialista.
Respondiendo a un pedido de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque de Cambiemos quiso convocar a una sesión especial para el lunes o el martes con el fin de tratar la solicitud del juez.
Así lo dejaron trascender durante todo el viernes diversas fuentes de la bancada oficialista e incluso la senadora riojana Inés Brizuela y Doria se animó a anunciar en las redes sociales que lo tratarían el martes, pero con el correr de las horas esa posibilidad fue perdiendo fuerza.
El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, cuyos votos son clave para cualquier procedimiento de este tipo, le informó al oficialismo que quería discutir el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de llevarlo al recinto, según confirmaron en esa bancada a NA.
Esta condición del justicialismo enfrió la estrategia de Cambiemos de convocar a una sesión especial y finalmente fuentes de ese interbloque confirmaron que se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes con el fin de tratar el tema.
No obstante, la idea que tiene la mayoría de la bancada de Pichetto es autorizar el allanamiento a los domicilios de la senadora del Frente para la Victoria pero no a su despacho, por considerar que con eso la Justicia vulnera a otro poder del Estado como es el Legislativo.
Además, el argumento del PJ es que los delitos que se le imputan a Cristina Kirchner son previos a su llegada al Senado y por lo tanto el allanamiento a su oficina no tendría objeto fundado, según supo Noticias Argentinas.
De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320), la Justicia no puede realizar un allanamiento al domicilio o las oficinas de un legislador nacional sin contar primero con la autorización de la Cámara respectiva.
Los allanamientos se pidieron en el marco de la investigación del presunto cobro de coimas por obra pública por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”.
La opinión de Cambiemos
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó la Ley de Fueros al considerar que “es bastante disparatado que en la investigación de un delito haya que pedir una votación del Cuerpo del que forma parte la persona imputada, para decidir sobre el tema, porque se supone que los allanamientos no deberían ser anunciados”.
“La ley lo fija, pero no está en la Constitución; es un invento de los legisladores que pusieron ese resguardo. Comprendo que no se pueda entrar en el despacho de los senadores, pero en los domicilios… es bastante absurda la ley como está planteada”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.
Por su parte, el senador Esteban Bullrich indicó que el debate sobre la legalización del aborto no debería interferir con el tratamiento del pedido de allanamiento para la ex mandataria y afirmó: “Somos senadores, no somos ‘monotema'”.
“Deberíamos ser capaces de lidiar con todo. Hay muchos temas importantes en la Argentina, no puede ser que no podamos tratar otro tema”, expresó.
Por otra parte, Bullrich se refirió a la discusión sobre qué mayoría se necesita para autorizar los allanamientos requeridos, dado que la Ley de Fueros no lo indica.
“Estamos estudiándolo, hay quienes dicen que hace falta una mayoría especial, y otros simple”, indicó el senador oficialista y concluyó en que esa discusión “no está saldada”.
La Constitución Nacional establece que el desafuero de un legislador nacional debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios, mientras que la Ley de Fueros (que habla en el mismo párrafo del desafuero y de la autorización para allanamientos) no indica una mayoría específica y, en esos casos, suele interpretarse que es simple mayoría de mitad más uno.