Las marchas con cortes vienen aumentando y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno.
El proyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso este mes aumentaría las penas por cortar el tránsito y crearía el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.
Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio y buscará que el Código Penal pase de 320 artículos a 540 y sistematice leyes con contenido penal que estaban dispersas.
Según publicó el diario Clarín, el proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.
Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado.
A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
“El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, dijo Borinsky y agregó: “Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.
A su vez, el proyecto de Código Penal incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial.
Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito.
A eso se sumaría una discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones en caso de que quienes ingresan al país cometan delitos.