Fue luego de que la Asamblea nacional le iniciara un juicio político.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy la disolución de la Asamblea Nacional horas después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político, una decisión polémica que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto.
La medida del impopular mandatario de derecha, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de “golpe de Estado”, y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.
En un mensaje a la Nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como “muerte cruzada”, firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse antes de octubre.
Lasso acusó al Parlamento de querer “desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado” y dijo que tomó la decisión “por grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda, que domina el Congreso, para recuperar fuerzas.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.
A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses.
Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá del mes de septiembre.
Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza en la Asamblea destituida, con 49 de los 137 escaños, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una “gran oportunidad” para deshacerse de su Gobierno y “recuperar la Patria”.
La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas derivaron en el derrocamiento de tres presidentes desde 1997 y pusieron en apuros al propio Lasso el año pasado, dijo que la decisión dibujaba “un escenario de dictadura” y que pronto analizará y adoptará “decisiones colectivas”.
En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno “con un juicio político infundado”, y agregó que Asamblea buscaba “usurpar todos los poderes del Estado”.
“Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, anunció Lasso, un banquero de 67 años.
El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
El máximo jefe militar de Ecuador, general Nelson Proaño, dijo en un video junto al jefe de la Policía Nacional que la decisión de Lasso había sido legal y que las fuerzas de seguridad actuarán “con firmeza” frente a alteraciones del orden público y velarán por los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
La sede de la Asamblea Nacional amaneció hoy bajo resguardo de cientos de policías antimotines con grandes escudos, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, informó la agencia de noticias AFP.
El jefe de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dijo en el video junto a Proaño que el edificio del Parlamento y otras dependencias donde también funcionaban oficinas del Legislativo serán desde hoy custodiadas por la Policía Nacional, y que los legisladores podrán retirar sus pertenencias mediante un tercero.
“La Asamblea militarmente cercada. Se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella”, dijo Correa en su cuenta de Twitter.
“Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, agregó.
“En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”, dijo.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
En esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios en la cámara, que tiene 137 escaños.
El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar hoy antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la “muerte cruzada”.