Una fiscal le atribuye los delitos de intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad y perturbación de una sesión legislativa.
En una nota titulada “abajo la persecución a Sebastián Romero”, el periódico del Partido Obrero defendió al hombre que el lunes disparó con un arma casera frente al Congreso.
“En una operación burda, el gobierno y sus alcahuetes pretenden presentarlo como un “violento”. Se valen para ello de una fotografía en la que se lo ve lanzando un fuego de artificio de venta libre, apuntado a 45 grados. Sebastián fue uno de los miles de trabajadores que se movilizaron este lunes para repudiar el saqueo jubilatorio pactado con los gobernadores y que rechazaron, con los medios a su alcance, la represión de la Policía de la Ciudad. Cuatro días antes, la Gendarmería había protagonizado una verdadera cacería en los alrededores del Congreso. La respuesta fue la manifestación de 200 mil trabajadores de este lunes, a pesar de la abierta capitulación de la CGT. Lo que ocurrió en la Plaza de los Dos Congresos fue una verdadera rebelión popular contra el saqueo jubilatorio. Los cacerolazos que se reprodujeron en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades del interior al caer la tarde convalidaron esa rebelión”, señala el periódico.
“El ensañamiento exhibido con Romero no tiene correlato con el encubrimiento oficial sobre los atropellos cometidos por la policía este lunes, respecto de los cuales Ocampo, Rodríguez Larreta y Macri no dijeron hasta ahora una sola palabra. Basta recorrer las redes sociales –que el gobierno monitorea regularmente para desarrollar tareas de inteligencia y, de paso, amedrentar a algún tuitero– para tomar nota de las barbaridades que protagonizaron los policías y su saldo brutal. Pero el gobierno ha dado carta blanca a los represores, una política que hasta ahora les costó la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y preanuncia nuevas consecuencias trágicas”, agrega.
También recuerda que “Romero fue precandidato del Frente de Izquierda de Santa Fe en 2015 y delegado de la General Motors de Rosario hasta 2014; en marzo fue suspendido junto a otros 350 trabajadores por un acuerdo firmado entre la burocracia de Smata y la patronal”. A la vez, “Sebastián se destacó como vocero de la lucha contra esas suspensiones fraudulentas”.
Una fiscal pidió la detención de Romero, activista obrero y militante del PSTU. Le atribuye los delitos de intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad y perturbación de una sesión del Congreso, entre otros. Las acusaciones podrían ir más lejos, por lo que insinuó el ex procurador y actual ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, durante la conferencia de prensa que dio junto a Rodríguez Larreta, en la que le atribuyó a Romero una “casi tentativa de homicidio”.
En ese sentido, el Partido Obrero rechazó “la criminalización de Sebastián Romero y de todos los luchadores” y exigió “respuesta por todos y cada uno de los atropellos cometidos por la policía”.