Por Marcelo Bátiz
(DyN) – El temor de Mauricio de Macri de tener una Presidencia condicionada por un superministro de Economía lo llevó al otro extremo, en el que responsabilidades desperdigadas entre por muchos ministerios sin coordinación marcó un primer año de Gobierno con más errores que aciertos.
La eterna tensión entre la cantidad y la calidad se vivió en estos doce meses con situaciones que se hubieran resuelto con una conducción más o menos similar a la que los gobiernos argentinos tienen desde 1958, cuando Arturo Frondizi fusionó Hacienda, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería en el por entonces flamante Ministerio de Economía. La única excepción, la de la dictadura de Roberto Viola, hubiera servido de lección en caso de haberse molestado en repasar la historia reciente.
Pero a pesar de estar liberado de trabajos asignados a otros colegas, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay descuidó temerariamente la primera de las áreas para concentrar sus esfuerzos en la segunda. Junto a Luis Caputo, emprendió una tarea que hasta días antes de la asunción de Macri muchos consideraban imposible. Levantó el cepo cambiario en una semana, retomó las negociaciones con los holdouts y le puso fin al default en tiempo récord. Eso permitió el regreso de la Argentina al mercado de capitales a tasas que, en el caso de algunas provincias, fueron las más bajas de sus historias.
Sin embargo, sin un desempeño eficaz en el área de Hacienda, la mejor de las gestiones que pueda tenerse en Finanzas no rinde los resultados esperados. Y hasta puede terminar siendo contraproducente, ya que, en definitiva, el endeudamiento se destina a hacer frente a un déficit primario que no para de crecer. En los primeros diez meses del año, hubo un aumento interanual del 66 por ciento del déficit financiero y del 70 por ciento del primario respecto de los de por sí catastróficos niveles de 2015, paradoja de una gestión que se propuso reducirlos.
Ese déficit se viene financiando con tres fuentes diferentes: el mencionado endeudamiento es la novedad y ya encendió señales de alarma si se vuelva a tornar recurrente. La segunda, aunque se la intente disimular, es la emisión monetaria, si bien en niveles más acotados que durante el kirchnerismo. La tercera tiene lugar todos los martes con las licitaciones de letras del Banco Central, que ya alcanzaron una dinámica difícil de controlar. Hoy el stock de lebacs supera a la mismísima base monetaria, tras haberse incrementado un 151 por ciento desde la asunción de Macri. El endeudamiento, la emisión monetaria y el déficit cuasifiscal han caracterizado a la historia económica argentina, pero pocos gobiernos como el presente cargan con la dudosa distinción de concentrar a los tres en una sola gestión.
La normalización del INDEC tras nueve años de manipulación delictiva es un logro digno de mención, pero decir la verdad no es algo exclusivo de la Economía, es un compromiso político y moral del Estado ante la ciudadanía en todas las áreas. El INDEC no establece políticas económicas, informa sus resultados. Y estos son una inflación del 40 por ciento interanual, una pobreza que abarca al 32 por ciento de la población e indicadores sectoriales que dan cuenta de caídas generalizadas en Industria, Construcción, Consumo y Actividad Económica. Y aquí los yerros de Hacienda se extienden a todos los rincones: con el propósito de reactivar el consumo, se eleva el gasto público a niveles tan altos que tornan inconveniente hasta la más tenue garúa de inversiones.
Con minoría en las dos cámaras y con cuatro de cada cinco gobernadores en la oposición, Macri estuvo, está y, seguramente, estará el resto de su mandato condicionado por los reclamos de provincias, legisladores y sectores sociales. En ese contexto, gran parte del gasto es el precio de la gobernabilidad. Motivo más que suficiente para contar con una conducción económica con la convicción y la fortaleza necesarias para decir “No” en determinadas ocasiones. Eso es lo que falta y, para encontrarlo, no hay otra opción que centralizar las decisiones en política económica. Muchos enanos no reemplazan a un gigante.
Contra lo que pueda suponerse, la Secretaría de Hacienda impone una responsabilidad mucho más complicada que llevar las cuentas en orden. Prat-Gay se valió de Gustavo Marconato, un ex diputado kirchnerista sin antecedentes en funciones ejecutivas. Y en el colmo de la delegación de tareas, las decisiones de gastos no solo excedieron a Marconato. También a Prat-Gay.
Un somero repaso en ese sentido permitirá comprobar que las decisiones sobre las tarifas de servicios públicos pasaron por Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich. Los beneficios en la liquidación del IVA a las Pymes los anunció Francisco Cabrera. Rogelio Frigerio está al frente de las negociaciones para la devolución paulatina a las provincias de la coparticipación retenida para financiar a la ANSES. Jorge Triaca y Carolina Stanley fueron los encargados de informar sobre el aumento de la asignación universal por hijo y el reintegro de parte del IVA a sectores vulnerables. Por no hacer referencia a la eliminación de retenciones al agro, la minería y la industria y la disminución gradual de los derechos a la soja, tarea en la que Macri no quiso compartir cartel con ninguno de sus ministros. Todos, absolutamente todos, asuntos vinculados directamente con Hacienda.
Como también lo son los subsidios, el agujero negro del déficit fiscal, del que participan, además de los ministros ya mencionados, Ricardo Buryaile y Oscar Aguad. Las idas y vueltas con las tarifas de gas desembocaron en una judicialización del asunto. Si el tiempo es oro, los seis meses perdidos entre abril y octubre una fortuna, a razón de más de cien millones de pesos por día. ¿Cómo se explica que, después de todo el escándalo en torno de los aumentos de tarifas, los subsidios aumentaron en lo que va de 2016 más que en 2015? ¿Y que para 2017 se proyecta un gasto en la materia de 263.000 millones de pesos?
Las preguntas no son para nada ociosas si se tiene en cuenta que el Gobierno aseguró que la inflación del primer semestre obedeció en gran parte al “sinceramiento” en la materia. Los números indican que quedará mucho por “sincerar” en los años venideros. Y difícilmente puedan esperarse efectos diferentes de las mismas causas. Son pocos los que creen en la pauta inflacionaria del 12 al 17 por ciento para el año próximo y no solo por las facturas de luz y gas: en una economía dolarizada hace décadas, noviembre le refrescó la memoria a algunos respecto de la puja entre la tasa de interés y la cotización de la divisa norteamericana. Ya no está más el señuelo de las lebacs al 38 por ciento y muchos consideran atractivo un dólar rezagado tras la inflación acumulada desde la liberación del cepo.
El peso de ese déficit, con la carga tributaria más alta de la historia argentina, será el gran condicionante de las posibilidades de crecimiento económico del futuro. Por lo pronto, el 3,5 por ciento de aumento del producto previsto para 2017 apenas supera el crecimiento vegetativo y no alcanza a cubrir la reposición del capital tras años de estancamiento.
Demasiada modestia tras tantas promesas de “segundo semestre” y “brotes verdes”, que los ingresos extraordinarios del blanqueo sólo servirán para postergar la toma de decisiones cruciales