Cambiemos tendrá que acordar con los otros partidos para aprobar el proyecto que contempla el pago de sentencias y reajustes de haberes.
Diputados de Cambiemos buscarán consensuar esta semana con sus pares de la oposición reformas al proyecto de ley para pagar las sentencias a los jubilados y reajustes de haberes, que se solventará con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad.
Por lo pronto, este martes al mediodía los diputados seguirán analizando el proyecto en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que conducen el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, donde intercambiarán opiniones con representantes de jubilados, y se estima que el dictamen se podría firmar entre el miércoles y el jueves.
El gobierno aspira a votar a mediados de junio el proyecto ómnibus que contempla el pago de sentencias y reajustes de haber para más de dos millones de jubilados, que se solventará con un impuesto que se cobrará por el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable donde se autorizan a liquidar las acciones del Estado en Empresas Privadas.
La iniciativa también ratifica la devolución del 15 por ciento que se le retenía de la coparticipación a las provincias para el Anses, la creación de una pensión para la vejez, la eliminación en tres años del impuesto a la ganancia presunta y los bienes personales.
La coalición gobernante es primera minoría en diputados ya que tiene unos 90 diputados -casi una cuarenta menos que los necesita para votar el proyecto- con lo cual necesita del respaldo de otras fuerzas políticas para tener garantizado la aprobación de esta iniciativa clave para el Gobierno nacional.
Por ese motivo, en forma paralela a la realización del plenario de las comisiones continuarán las conversaciones entre las autoridades del oficialismo, el jefe del interbloque Mario Negri, los presidentes de la bancada del Pro, Nicolás Massot, y de Presupuesto, Luciano Laspina, con los diputados del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, y del bloque Justicialista que lidera Diego Bossio.
Massot destacó que el oficialismo “está abierto a modificaciones” que, dijo, “suelen mejorar” la iniciativa, y estimó que el proyecto tendrá “un acompañamiento bastante unánime en la votación en general, pero después esperamos diferentes composiciones de mayorías en función de la discusión en particular de los diferentes capítulos”.
Las principales diferencias entre el oficialismo y la oposición están centradas en la venta de acciones en manos del Estado en empresas privadas que quedaron en poder del Anses tras la estatización de las AFJP porque el massismo y el justicialismo se oponen a vender.
Otro punto de disidencia es la brecha que se sucederá entre aquellos que tendrán reajuste por haberes mal liquidados y los que hoy reciben la jubilación mínima, y por eso el ex titular del Anses Bossio ayer planteó su preocupación que la declaración de emergencia no afecta la ley de movilidad.
En cambio, oficialistas y opositores coinciden en cambios en el capítulo sobre el blanqueo de capitales y allí incorporarán reformas para que además prohibir que puedan ingresar a este sistema a aquellos ex funcionarios que ejercieron sus tareas desde el 2010 se incluyan a legisladores y jueces.
Otro punto en discusión es la propuesta de la Coalición Cívica para que también se excluya a los contratistas del Estado, pero aquí aún no existía consenso dentro del interbloque de Cambiemos, según informaron fuentes parlamentarias.
También será motivo de estas negociaciones la pensión a la vejez porque tanto del FpV como del bloque justicialista quieren mantener la moratoria para que todas las personas se puedan jubilar con el haber mínimo.
Sobre el capítulo impositivo, el Frente para la Victoria se opuso a la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, pero acá también se requerirá acuerdo porque se trata de un impuesto coparticipable con lo cual será menor cantidad de recursos a distribuir entre la Nación y las provincias.