Se planteó ante la necesidad de proyectar y discutir hacia donde crecen las localidades y cómo trabajar con los indicadores urbanísticos y fundamentalmente sobre la actualización de la norma, que sigue siendo la misma desde 1972.
MIRAMAR (Corresponsal). – Desde hace unos meses, el municipio de General Alvarado, junto con y el aporte profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, sumado al Colegio de Arquitectos y los organismos que nuclean a los técnicos, vienen trabajando en las diversas localidades del distrito en el marco del ordenamiento territorial de interfase urbano – rural.
En ese sentido, se planteó la necesidad de proyectar y discutir hacia donde crecen las comunidades, cómo trabajar con los indicadores urbanísticos y fundamentalmente sobre la actualización de la norma, que sigue siendo la misma desde 1972.
Con el consenso y el aporte de todos los sectores, el desafío es pensar en función del futuro sobre los distintos usos del suelo y su código de construcción.
Este es un abordaje integral, con cada uno de sus participantes contribuyendo desde su lugar profesional como institucional, para avanzar en forma conjunta sobre un tema por demás necesario para el progreso, el crecimiento y la calidad de vida de la población.
“El ordenamiento territorial rural que estamos enmarcando en este momento, es de alguna manera un proceso para poder planificar uso del suelo y ocupación actual en función de las características ambientales, socio ecológicas y políticas”, indicó a LA CAPITAL, la directora de Medioambiente municipal, Romina Castro.
“La visión que tenemos es mediante un desarrollo sustentable, acomodando las realidades actuales e impulsando talleres participativos con toda la sociedad para escuchar cuales son las demandas de los vecinos teniendo en cuenta las particularidades para luego construir el nuevo ordenamiento”, amplió la funcionaria.
En cada localidad, tanto Miramar, como así también Nicanor Otamendi, Mechongué y la villa balnearia de Mar del Sud se realizó primeramente un “mapeo de actores” para identificar aquellos más influyentes y que podrían tener más intereses en el ordenamiento.
En la siguiente instancia, que es la que se desarrolla actualmente, hay una serie de capacitaciones abiertas a toda la población, donde surgen inquietudes generalizadas como las fumigaciones y sus efectos contaminantes o disposición final de residuos, entre otros.
“De estos encuentros identificaremos las problemáticas más relevantes y junto a un equipo especializado que trabaja con el INTA y la facultad vamos hacer talleres más sectoriales que darán origen luego a los programas acordes para cada situación. Ese conjunto conformará a futuro el ordenamiento territorial rural”, concluyó Castro.