Alejandro Sruoga manifestó que ese es uno de los objetivos del oficialismo, además de buscar perfeccionar los alcances de la tarifa social para que beneficie a quienes realmente lo necesitan.
El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, afirmó hoy que el Gobierno nacional se traza el objetivo de quitar los subsidios a la demanda del sector eléctrico en los próximos tres años, y al mismo tiempo buscará perfeccionar los alcances de la tarifa social para que beneficie a quienes realmente lo necesitan.
Así lo anticipó el funcionario al confirmar la convocatoria para mediados de diciembre de una nueva audiencia pública que permita abordar la actualización de los valores del transporte eléctrico de jurisdicción nacional y los correspondientes a las siete regiones en que se divide el país, para lo cual se harán sesiones simultáneas en cada jurisdicción.
“En la audiencia por las tarifas de transporte, vamos a sumar el famoso precio estacional de los generadores que le venden la energía a todo el país, cuál es el valor real en cada caso y cómo va a ser el sendero de la quita de subsidios en los próximos 3 años en un esquema en el que hay competencia” por contar el sistema con productores de distintas fuentes.
Al ser consultado sobre las características de esa salida de esquema de subsidios a la demanda eléctrica, el secretario explicó que “el objetivo es dejar atrás el concepto de subsidio masivo para ir hacia una política de subsidio por capacidad de pago”.
“La tarifa social es una muestra de ese trabajo por el cual ya tenemos 4 millones de hogares cubiertos ante un universo de 11 millones de usuarios con servicio eléctrico”, dijo Sruoga tras agregar que “la intención es perfeccionar eso y dejar que el resto busque su punto de equilibrio, de cuál es el valor económico” de la energía.
Tras la audiencia pública que se realizó ayer por la tarifa de distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el secretario aseguró que “la vocación de del Gobierno es perfeccionar la tarifa social para estar seguros de que llegue a quién la necesita y que no hay errores de inclusión o de exclusión”.
“Así como nos interesa particularmente la tarifa social, también nos interesa y preocupa cómo llegar a los clubes de barrio, a las entidades de bien público y a los electrointensivos, en lo cual el Estado no puede mirar para otro lado”, sentenció.
“La ley no lo permite”, aseveró el funcionario en implícito respaldo a la postura de los industriales al explicar que “la normas vigentes especifican que cada conjunto de usuario debe pagar los costos que ellos generan, es decir que no se podría pasar la carga de un residencial a un industrial”.
SI bien aclaró que “hay una discusión respecto a cuáles son los conjuntos de usuarios y cómo se los delimita”, Sruoga insistió en “que los industriales paguen el costo de los usuarios particulares está prohibido por la ley”.
El Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano, había planteado ayer que la gremial empresarial “se opone a la discriminación tarifaria por la que se pretende que la industria cargue con la mayor parte de la recuperación del sector” energético.