Los imputados en la causa a cargo del juez federal Sergio Torres están acusados por intimidación pública, que tiene una pena de entre dos y seis años de prisión, y atentado y resistencia a la autoridad, que tiene entre 5 días y un año.
El procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, anticipó que “en función de defender el patrimonio de la Ciudad” el Gobierno porteño pedirá ser querellante en la causa que investiga los incidentes ocurridos el lunes último en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el marco de la protesta contra la reforma previsional.
En este sentido, Astarloa señaló que en el marco “del mandato que la Constitución nos encomienda de representar y patrocinar a la Ciudad en todo proceso en el que se controviertan sus derechos e intereses y en la función de defender el patrimonio de la ciudad”, es que el Ejecutivo porteño decidió “peticionar ser considerado querellante” en la causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres.
Así lo indicó en declaraciones formuladas esta mañana a radio Del Plata, en las que señaló que la pretensión es “desterrar la violencia” y que quienes tienen “responsabilidad pública” y los “ciudadanos de a pie”, implementen “mecanismos contra la violencia”.
Además, al ser consultado sobre el accionar de las fuerzas de seguridad el lunes último en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el procurador general porteño dijo que “si hay algo que se extralimitó, el gobierno tiene sus mecanismos para revisarlo”, como iniciar sumarios y, “si corresponde, disponer una sanción”.
Los imputados en la causa a cargo del juez federal Sergio Torres están acusados por intimidación pública -que tiene una pena de entre dos y seis años de prisión-, y atentado y resistencia a la autoridad, que tiene entre 5 días y un año.
Además, la Justicia también tiene bajo la lupa los destrozos causados en el marco de la protesta contra la reforma previsional que ese día finalmente, tras 17 horas de debate, sancionó la Cámara de Diputados de la Nación.