Se trata de la resolución de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en la que le fue concedido el arresto domiciliario a Miguel Ochoa, el "motochorro" que mató a una psicóloga en Ramos Mejía.
Miguel Ochoa (55) debía cumplir una condena de 8 años y 4 meses de prisión -que vencía en 2024- por haber asaltado en Mar del Plata a dos mujeres y provocarle graves lesiones a una de ellas. Sin embargo, en plena pandemia, su defensa argumentó que al ser paciente de riesgo correspondía que se le anticipara el beneficio de la prisión domiciliaria, el cual fue otorgado en abril por la Cámara de Apelaciones, un beneficio que el motochorro aprovechó para cometer nuevos asaltos, como el del último viernes en el que mató en Ramos Mejía a la psicóloga social María Rosa Daglio (55).
La decisión de permitirle a Ochoa dejar el penal de Batán y continuar la pena en un domicilio de Castelar lo tomó la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones compuesta por Marcelo Riquert y Esteban Viñas. Debido a que la firma de la resolución la hizo Riquert, la crítica recayó solo sobre él.
Todo comenzó a principios de 2020 cuando Ochoa, por medio de su defensa, aseguró padecer enfermedades que el Servicio Penitenciario no podía tratar. Patologías respiratorias y urológicas.
El Juez de ejecución penal Ricardo Perdichizzi, encargado de la causa de Ochoa, había rechazado el planteo del beneficio del arresto domiciliario, por entender que “no se daban las características especiales” para la medida, ya que la afección podía ser tratada en contexto de encierro y porque no se encontraba en los seis meses previos a una posible libertad asistida.
Detención de Ochoa.
La Cámara de Apelaciones, de Riquert y Viñas, estuvo de acuerdo el 20 de febrero de 2020: confirmó la denegatoria. Sin embargo, llegó la pandemia, llegaron los nuevos criterios sugeridos por el Tribunal de Casación Penal y por la Suprema Corte, y ante una nueva presentación, el 29 de abril, los camaristas cambiaron de parecer. Ochoa, con los mismos padecimientos pero al pasar a ser población de riesgo por la pandemia de Covid, fue beneficiado porque, además, tenía una óptima evaluación en la Unidad Penal 15 de Batán, con un destacado desempeño laboral en la química de la unidad, tareas de mantenimiento en el sector de visitas, había hecho primer y segundo año de secundaria en la cárcel, asistía a los talleres de yoga y teatro, era coordinador de alcohólicos anónimos y, además, instructor de ajedrez.
Los jueces le exigieron a Ochoa fijar un domicilio (el de su madre en Castelar) y que someterse al control del Patronato de Liberados.
En octubre del año pasado, mientras Ochoa debía cumplir con el arresto domiciliario, fue detenido en la localidad de Morón por un nuevo robo, sin embargo, en esa oportunidad, le ofreció un nombre falso -el de su hermano- a la policía y, al no contar esa identidad con antecedentes, quedó en libertad.
A los pocos días, la Fiscalía N° 3 de Morón identificó correctamente a Ochoa y al ir a detenerlo al domicilio de Castelar que había registrado, el delincuente ya no se encontraba allí.
El 8 de octubre le comunicaron al juez Perdichizzi que Ochoa había incumplido el arresto domiciliario y que había cometido un nuevo robo, por lo que el titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata ordenó su inmediata captura y su detención.
Ochoa estuvo prófugo de la Justicia por más de 5 meses, hasta que el viernes, en Ramos Mejía, asaltó y mató a la psicóloga social Daglio.