Repasa los escasos avances en la aplicación de la emergencia aprobada hace casi un año. Y advierte que la violencia que sufren las mujeres es cada vez mayor.
Para que les tomen la denuncia, las mujeres víctimas de violencia deben esperar en la comisaría “entre tres y cinco horas”. Y si bien se esperaba la gestión de mayores recursos para la Comisaría de la Mujer, la falta de personal persiste. Las asignaciones económicas temporales, que debían alcanzar el 45% de la jubilación mínima, nunca se incrementaron. En el Hogar Galé, que debía ponerse en valor, todavía no se hizo ninguna obra.
Esos son apenas algunos de los incumplimientos de la ordenanza 22739 que en junio del año pasado declaró la emergencia contra la violencia por motivos de género y diversidad en el Partido de General Pueyrredon. Los objetivos establecidos en la legislación no llevados a la práctica fueron compilados por el Observatorio de Violencia por Motivos de Género y Diversidad -compuesto por diversas entidades defensoras de los derechos de las mujeres- en una evaluación que la semana pasada dejaron en la oficina del intendente Carlos Arroyo.
La ordenanza de la emergencia fue sancionada por el Concejo por unanimidad el 9 de junio del año pasado y promulgada por el intendente a través del decreto 1348 del 21 de junio. La norma establecía en su primer artículo que el Observatorio -creado por la misma ordenanza para velar por su cumplimiento- debía realizar una evaluación al cumplirse un año y, sobre la base de ella, el Ejecutivo podía prorrogar la emergencia por el mismo período.
El organismo consideró que es necesario extender el plazo. En el documento, pone blanco sobre negro los ítems que establecía la emergencia y lo que sucedió en la práctica. La ampliación del régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las víctimas de violencia contra la mujer y el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y el incremento del monto del beneficio al 45% del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no sólo no se concretó: durante los meses de enero, febrero, marco y abril “no fueron entregadas”.
Otro de los objetivos era “ampliar, refuncionalizar y poner en valor al Hogar de Tránsito para Víctimas de Violencia Doméstica Dra. Gloria Galé y gestionar la creación de un Hogar de Medio Camino que coadyuve y complemente la asistencia a las mujeres, en caso de necesitar más tiempo de la permanencia y contención brindada por el Hogar Galé”.
El Observatorio sólo reconoce dos avances moderados. Según puntualizó, “no se ha efectuado ampliación ni refuncionalización” del Hogar Galé, sino que “sólo se ha conseguido una partida de dinero para proceder al cerramiento del predio”, mientras que el hogar de medio camino “se ha contemplado en el presupuesto municipal y la Dirección de la Mujer presentó un listado de necesidades” para su construcción.
La ordenanza también estableció que se debía “gestionar ante las autoridades provinciales la ampliación de recursos destinados a la Comisaría de la Mujer y la Familia, como asimismo la pronta apertura de una sede en la ciudad de Batán”. Al respecto, el Observatorio manifestó su “preocupación” por el funcionamiento de la comisaría y recordó que en febrero elevó al ministro de Seguridad bonaerense una nota en la que advertía sobre la “falta de recursos humanos y materiales” porque “las mujeres víctimas de violencia, abuso y/o violaciones deben esperar entre tres y cinco horas para que se les tome la denuncia”. Por el momento, “no se ha efectuado la incorporación de más personal profesional para el equipo de violencia”, como fue “aprobado” en el presupuesto municipal.
El organismo apunta que, “de los restantes puntos” contemplados en la ordenanza de emergencia, “nada se ha efectuado”. Entre ellos estaban “arbitrar los medios necesarios con las áreas de incumbencia para lograr un cupo de viviendas en los planes realizados por el Instituto Provincial de la Vivienda u otro organismo estatal para las mujeres víctimas de violencia, dándoles prioridad a aquellas con hijos a cargo”, y “gestionar ante el Banco de Tierras Municipal terrenos fiscales destinados a la construcción de viviendas para entregar ?en los casos que así lo ameriten y según las evaluaciones del equipo interdisciplinario del programa de violencia? a mujeres víctimas de violencia e integrantes del colectivo LGTB en situación de violencia”.
También establecía la necesidad de “gestionar ante las distintas jurisdicciones estatales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y/u otras organizaciones de la cooperación internacional descentralizada, recursos para implementar programas de prevención, capacitación y asistencia que favorezcan la eficiencia y maximicen los resultados en la calidad de vida de las víctimas y en el desarrollo potencial de los recursos humanos abocados a la temática”, así como “fortalecer las acciones y dispositivos del Programa de Asistencia y Prevención a las Víctimas de Violencia de Género y Diversidad garantizando la asistencia integral interdisciplinaria y/o interinstitucional las 24 horas”.
Sin acceso
El organismo señaló que “no ha podido recabar la información de la totalidad de las políticas públicas implementadas por el gobierno municipal, dado que, a pesar de haber mantenido reuniones con distintas áreas”, no ha podido “acceder” a los trámites administrativos.
Mencionó encuentros con el intendente, el secretario de Gobierno, el de Salud, el de Hacienda y la secretaria de Desarrollo Social. Y acota: “La secretaria de Educación nunca nos recibió”.
“Asimismo, entendemos que sin presupuesto acorde no se pueden llevar adelante políticas públicas eficientes”, lamentó, y mencionó que, en la audiencia pública previa a la aprobación del presupuesto municipal, solicitó más fondos para llevar adelante las acciones contempladas en la emergencia. El resultado: la norma “no refleja las partidas necesarias para trabajar seriamente en la violencia de género”.
El contexto tampoco mejoró, sino todo lo contrario. El documento indicó que “ha crecido la violencia hacia las mujeres” y que “su expresión más extrema” son los femicidios. “Cada 18 horas muere una mujer en nuestro país”, subrayó.
Las ciudades de Mar del Plata y Batán no son ajenas “a esta situación de violencia que viven las mujeres diariamente”. Según datos relevados por el Observatorio, la Comisaria de la Mujer recibe un promedio de “900 denuncias por mes”, en la dependencia que se encuentra en la Dirección de la Mujer “reciben un promedio de 30” y en la de Playa Serena “otro tanto”.
“Durante 2016 fueron víctimas de femicidio en nuestra ciudad Blanca Esteche, Celeste Merlo, Lucía Pérez, María Herrera y Valeria Brítez”, mientras que “en lo que va del 2017” lo fueron “Antonela Sánchez, Gimena Silva, Florencia Aros y Analía Núñez”, recordó el Observatorio.
Entre 2010 y 2015 “creció un 100% el número de causas iniciadas en el marco de protección contra la violencia familiar”. Por su parte, de la Fiscalía General Federal surge que de los casos abordados de febrero a diciembre de 2016 en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos “el 82% pertenece a causas de trata de personas”. De ellas, la mayoría (79%) es por “explotación sexual” y el 21% a “explotación laboral”, diferencia.