El gobierno municipal acepta que la cuenta de los contagios ubicará al distrito entre los de alto riesgo epidemiológico. Busca que la ocupación de camas dé algún margen para impedirlo. Reclamo por la emergencia sanitaria y traspié en seguridad.
Por Ramiro Melucci
“Empezó de nuevo el baile”. La reflexión coloquial de uno de los funcionarios de Guillermo Montenegro que más pugnó por las reaperturas el año pasado era un lamento después de que Axel Kicillof profundizara la restricción nocturna. No ya por esa medida en sí, sino por lo que se viene: los contagios escalan cada semana y ya ni el más optimista niega la posibilidad de que Mar del Plata retroceda a la fase 3.
La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, lo dijo con claridad. Cuando se compare el número de contagios diarios de las últimas dos semanas con las anteriores, es muy probable que el municipio quede por encima del promedio que los gobiernos nacional y bonaerense consideran para determinar si un distrito tiene alto riesgo epidemiológico.
El cambio implicaría nuevas medidas. El cierre de los locales gastronómicos a las 23, el de los demás comercios a las 20 y la suspensión de la actividad en el Casino y los bingos. También la prohibición de las reuniones sociales en domicilios particulares y de las actividades deportivas de más de 10 personas. Gimnasios y shoppings podrían seguir funcionando con un aforo del 30%.
Las certezas tardaron en llegar porque los anuncios padecieron, en general, una comunicación confusa. El caso más representativo fue el del Casino y los bingos, que cerraron un día sin que tuvieran que hacerlo porque el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia malinterpretó el decreto nacional.
Antes de que todo se aclarara el intendente ya sabía que la cuenta matemática de los contagios no le dará bien a Mar del Plata. Ratificó el análisis de Bernabei al insistir con que la ciudad está en fase 4 pero la situación es “muy dinámica”. El cotejo se hará, encima, con semanas en que el número de contagios no era preocupante.
Con todo, el jefe comunal dio a entender la intención de compensar el escenario epidemiológico con el sanitario (ocupación de camas de internación y respiradores) para tratar de mantener la fase 4. “No estamos como el AMBA”, fue el mensaje. Pero la misión no parece sencilla: esos indicadores también se agravan día a día.
El reflejo es que empezó asomar otra vez la antinomia entre el panorama que observa el municipio y el que plantea el sector privado. Bernabei describió un cuadro sin grandes dificultades en el mismo momento en que la Clínica Pueyrredón preparaba los carteles que advertían que no tenía más camas de internación disponibles. La secretaria hablaba de pacientes con Covid; las entidades privadas suman además a los que padecen otras patologías. Ese diferendo motivó la nota que Bernabei y el director de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, enviaron a las clínicas para que reserven más camas para los casos de coronavirus.
El pedido compartido entre el municipio y la dependencia provincial, que todavía resta por ver si surte algún efecto, es bienvenido en tiempos en que la cercanía del turno electoral ha ensanchado las diferencias de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof con Juntos por el Cambio. Mar del Plata no es una isla. Como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Montenegro blanqueó su desacuerdo con la prohibición de circular entre la medianoche y las 6 de la mañana, que de todas formas acata.
El Frente de Todos local vio reflejada en esa posición la “ambigüedad” que Kicillof le adjudicó al jefe comunal en la entrevista con LA CAPITAL del domingo pasado. “No somos ambiguos, pensamos distinto”, respondieron cerca del intendente.
Es muy probable que el municipio quede por encima del promedio que se considera para determinar si un distrito es de alto riesgo epidemiológico.
El bloque opositor también quedó en la mira. La segunda ola de Covid llegó antes de que el Concejo Deliberante aprobara la prórroga de la emergencia sanitaria, que venció el 29 de marzo y es clave para que el municipio acelere las compras y contrataciones vinculadas con la pandemia. El Frente de Todos puso la condición de que se trate en comisiones, lo que privaba al oficialismo de un rápido despacho sobre tablas.
A decir verdad, el planteo opositor no era nuevo. Lo anunció la presidenta de la comisión de Salud, Marina Santoro, el 17 de marzo, cinco días después de que el Ejecutivo enviara el proyecto de prórroga. Con el pedido adicional de que Bernabei volviera a explicar cómo usó los fondos de la emergencia, sobre todo los destinados a los hisopados. Pero todo se demoró por la suspensión de actividades en el Concejo por los casos de coronavirus.
Con la segunda ola encima, Bernabei y el interbloque de Montenegro se quejaron en público. Los concejales le achacaron falta de responsabilidad al Frente de Todos. Pero convendría mirar lo que sucede en el cuerpo legislativo con más detenimiento. Los desajustes internos que padece el oficialismo también habrían incidido en el retraso. No está del todo claro si la catarata de reproches se condice con los intentos previos de encontrarle una salida consensuada al asunto.
El desacuerdo hizo que el Concejo quedara desfasado. Por primera vez no llegó a tiempo con una de las normas requeridas por el intendente para hacer frente a la pandemia.
Montenegro pasó en privado la factura que Bernabei exhibió en público: comentó a funcionarios provinciales la demora de la ordenanza. Sobre todo porque el director de Zona Sanitaria le reclamó al municipio más lugares públicos para testear. El intendente explicó que no puede hacerlo con premura si no dispone de la emergencia. La tendrá: la oposición ya propone una comisión conjunta de las comisiones de Salud y Hacienda para acortar los tiempos.
Montenegro pasó en privado la factura que Bernabei exhibió en público: comentó a funcionarios provinciales la demora de la emergencia sanitaria.
Las restricciones y la emergencia sanitaria no acallaron el estruendo que provocó el tropiezo del municipio por el proyecto de traslado de la Zona Roja. El intento de mudarla a un barrio vinculado con la práctica deportiva despertó fuertes cuestionamientos. La mayoría tuvieron como destinatario al flamante presidente de la comisión de Seguridad del Concejo, Nicolás Lauría, pero el edil fue la cara visible de una iniciativa que también motoriza la Secretaría de Seguridad.
El proyecto nació a partir de las quejas de los frentistas y de un pedido por escrito del Foro de Seguridad para que se buscaran alternativas. El oficialismo le miró enseguida el costado positivo que iba a tener: la reinstalación del debate sobre qué hacer con la Zona Roja. Sin embargo, la rapidez de la respuesta llevaba añadida la inconsistencia. Porque lo saben todos: la cuestión no es la oferta sexual, sino el narcomenudeo y la trama de violencia que engendra. Imposible de solucionar arrastrándola de un lugar a otro.